PNP rescata a 164 mujeres víctimas de mafias en Lince y el Cercado de Lima

Todas son de familias pobres y vulnerables; algunas incluso son madres solteras con hogares a su cargo y sin nadie que colabore en la crianza de sus hijos. Así son las 164 mujeres extranjeras y peruanas que fueron ubicadas y rescatadas la noche del jueves durante un megaoperativo ejecutado en Lince y el Cercado de Lima, declarados en estado de emergencia.

Se trata de 80 venezolanas, 54 peruanas, 8 colombianas y 12 ecuatorianas que eran explotadas en tres “plazas” de Lima. De ellas, 24 estaban en situación migratoria irregular, dijo el general Carlos Malaver, jefe de la Dirección de Investigación contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes.

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Las intervenciones se realizaron a inmediaciones del centro comercial Risso, escenarios de varios asesinatos, extorsiones, cobros de cupos y atentados con explosivos, y en los alrededores del jirón Zepita, lugar donde también han sido asesinadas mujeres que se negaron a pagar por el acceso y uso de esta “plaza”.

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Las autoridades allanaron, asimismo, bares y hostales donde funcionaban prostíbulos en condiciones insalubres.

En la plaza de Lince estaría operando la red criminal ‘Somos Nosotros’, integrada por delincuentes peruanos dispuestos a retomar el control y la hegemonía de la extorsión y explotación sexual en esa zona de Lima Metropolitana.

Bandas y extorsiones

Esta organización estaría al mando de El Chino. Dicha banda, según la Policía, ha retado a ‘Los Hijos de Dios’ y a ‘Los Mellizos’, dos facciones venezolanas del ‘Tren de Aragua’.

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Junto a la ‘Dinastía Alayón’, estas bandas habrían realizado un estudio de cómo obtener ganancias mediante estos delitos en diversas plazas de Lima y el interior del país.

Según el comandante general de la PNP, Jorge Ángulo, en el caso de Lince y el Cercado, las mafias de explotación sexual cobraban a sus víctimas 400 soles semanales por ofrecer sus servicios en espacios públicos y entre 100 y 150 soles adicionales por las multas que le aplicaban por traerlas de su país de origen y que oscilaban entre 15.000 y 20.000 soles. Así eran obligadas a trabajar hasta 14 horas diarias.

¿Qué pasará con ellas?

Pero ¿qué sucede con las víctimas que son rescatadas? Ana Ladera, psicóloga y coordinadora de proyectos en CHS Alternativo, la ONG peruana que vela por la protección de los derechos humanos de las personas, sostiene que primero se tiene que identificar y confirmar si se consideran víctimas o no.

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Si reconocen que estaban en ese espacio y son víctimas de trata, en esos casos la Fiscalía convoca a la Unidad de Asistencia Distrital a Víctimas y Testigos (UDAVIT) que brinda asistencia legal, psicológica y social a favor de las víctimas.

Ladera dice que es un servicio especial y tienen una representación legal. A las adultas se les busca espacios seguros donde estén protegidas hasta que dure la diligencia. Si son extranjeras, se coordina con Migraciones y el Consulado para que procedan de acuerdo a ley.

A las que denuncian se les da protección en hogares temporales. Y si son menores de edad, inmediatamente, sin importar lo que mencionen, interviene el Estado y las traslada al Ministerio de la Mujer para evaluar si están en riesgo o desprotección.

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El círculo

• Muchas callan. En la mayoría de los casos, las mujeres amenazadas por mafias no denuncian a nadie y no participan en ningún proceso.
• Son liberadas. Como son adultas, el Estado no puede forzarlas a denunciar y son liberadas.
• Reinciden. En muchos casos, ellas vuelven a las calles porque es la única alternativa para mantenerse en el país y ayudar a sus familias.