Desde que la ONU determinó que el Perú vulneró los derechos a la salud y a la vida de una niña a quien solo se le conoce como ‘Camila’, en junio, el número de denuncias de menores gestantes víctimas de violación sexual ha ido en aumento.
En lo que va de octubre ya se registraron dos nuevos casos. Ambas tienen 10 años y son de zonas rurales de Ucayali y Cusco, respectivamente. En este último caso, una junta médica determinó que debía interrumpirse el embarazo por ser una paciente con inmadurez fisiológica y alto riesgo de morbilidad, por lo que la menor, que tenía 20 semanas de gestación, accedió ayer al aborto terapéutico en el hospital Antonio Lorena y actualmente se encuentra en recuperación. De acuerdo con los médicos, la menor evoluciona favorablemente.
Sin embargo, la situación de la otra niña es más compleja, pues tiene 24 semanas de gestación, y los médicos del Hospital Regional de Pucallpa le negaron la interrupción del embarazo. No obstante, ya se encuentra en Lima para ser revaluada en el Instituto Materno Perinatal.
Como se sabe, en la mayoría de casos las juntas médicas a cargo de evaluar a las víctimas les negaron el acceso al aborto terapéutico, por lo que ellas tuvieron que ser trasladadas de emergencia a Lima para ser evaluadas por segunda vez.
Ante este contexto, Susana Chávez, directora de Promsex, señaló a La República que para erradicar la violencia de género en el país no basta con emitir “sentencias” o “esperar a que se cometa el delito”, sino que se debe invertir en prevención y educación; sin embargo, “el dinero que se utiliza para la prevención del embarazo adolescente o infantil es absolutamente miserable” .