La Contraloría General de La República indicó que 26 funcionarios del Fondo Mivivienda beneficiaron irregularmente a Marka Group, la empresa de Sada Goray, para firmar un convenio que le dio la posibilidad de actuar como Entidad Prestamista No Supervisada (EPNS). De esta forma, la compañía pudo otorgar créditos hipotecarios a las familias que querían tener una vivienda bajo el Programa Techo Propio.
En esa misma línea, el Comité de Riesgos del Fondo Mivivienda realizó “indebidamente” el trámite para la firma del convenio con la empresa inmobiliaria el 19 de octubre de 2021, aunque este trabajo le correspondía a la Gerencia General, tal como establece la normativa interna, de acuerdo al Informe de Auditoría de Cumplimiento Nº 003-2023-2-4733-AC.
PUEDES VER: Sada Goray: familias denuncian estafa por proyecto inmobiliario ligado a Marka Group en Piura
Este acuerdo, además de no contemplar la obligación de presentar de forma periódica los estados financieros auditados y la clasificación de riesgos externa, tampoco requería que Marka Group cumpla con estos requerimientos:
Gracias a dicho convenio, la empresa beneficiada participó en los siguientes seis proyectos inmobiliarios de Techo Propio, lo cual significó una inversión de S/277.113.901:
Por otro lado, en el caso de Lima Bonita, Chiclayo Bonito, Barranca Bonita y Praderas de Cacatachi, la Contraloría aseguró que el Fondo Mivivienda disminuyó el aporte que le correspondía realizar a la empresa privada y sus subsidiarias. Así, se redujo del 25% al 15% de la inversión total, lo cual favoreció a la compañía con S/33.172.915, que no aportó al fideicomiso de administración y garantía.
La Contraloría informó que, a pesar de que el Fondo Mivivienda desembolsó S/77.159.456 y que el plazo venció en mayo del 2022, 2.003 viviendas de interés social (VIS) no están concluidas ni han sido entregadas a los ciudadanos que resultaron beneficiados del Bono Familiar Habitacional. Estos proyectos forman parte de Lima Bonita (728), Praderas de Cacatachi (206) y Chiclayo Bonito(1069).
Asimismo, constató que no se incluyó una penalidad por la demora en la entrega en los contratos con las empresas constructoras. De esta manera, indicó la entidad, se incentivó el incumplimiento de los plazos y que se reprogramen las fechas sin justificación o sanción.