Caída de bus a abismo deja siete fallecidos en Áncash
Tragedia. Unidad de la empresa Suiza Peruana Express se dirigía a Huánuco. Hay cuatro heridos graves, entre ellos una niña de 10 años.
Al menos siete personas perdieron la vida y otras cuatro, incluida una menor de diez años, resultaron heridas de gravedad tras la caída de un bus interprovincial a un abismo de aproximadamente 200 metros de profundidad a la altura del distrito de Sihuas, en la provincia del mismo nombre, región Áncash.
Según las autoridades, el último sábado a la 1:30 p.m. la unidad de la empresa Mega Suiza Peruana Express SAC partió de Huaraz a Huacrachuco (Huánuco) y en el kilómetro 93 de la vía, en la zona denominada Uchucumayo, se produjo su despiste y posterior vuelco.
Las siete víctimas mortales han sido identificadas por el hospital de apoyo Sihuas como Alejo Lorenzo Vidal (62), Joel David Vega Roque (38), Félix Gil Máximo (51), Herminia Moreno Francisco (53), Elías Valdez Aguirre, Yorden Payajo Jara (26) y Elen Beatriz Alegre Pinto (29), médica de la red de salud de Leoncio Prado. Procedían de Lima, Taricá y Huacrachuco.
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Su pérdida ha conmocionado a la población de Sihuas, la cual ayer izó la bandera provincial a media asta en su memoria.
En tanto, de los cuatro heridos, cuya mayoría se encuentra hospitalizada, uno presenta fractura de fémur; dos, traumatismos superficiales múltiples y un neumotórax traumático. Entre ellos hay una menor de diez años.
Por ahora se desconocen las razones por las que el chofer perdió el control de la unidad.
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Sancionarán a empresa
Indecopi informó que solicitará información a la comisaría de Sihuas, la Sutran y la Fiscalía, así como a los hospitales de Sihuas y Caleta de Chimbote para determinar el grado de responsabilidad de la empresa Suiza Peruana. De ser el caso, en un proceso administrativo, se le podría multar con dos millones de soles.
En tanto, el Congreso ya aprobó en primera votación el proyecto de ley 1706-2021, el cual busca conceder una amnistía a las sanciones impuestas a los transportistas de personas y de mercancías durante los dos primeros años de la pandemia. La Defensoría del Pueblo lo ha rechazado.