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Sociedad

Áncash: ordenan prisión preventiva para alcalde del distrito de Masin

Pablo Malvaceda Ortega es investigado por el presunto delito de peculado en una obra valorizada en más de S/ 400.000.

larepublica.pe
El alcalde del distrito de Masin, Pablo Malvaceda Ortega, cumplirá nueve meses de prisión preventiva mientras es investigado por el presunto delito de peculado. Foto: Andina

La Corte Superior de Áncash ordenó nueve meses de prisión preventiva al alcalde del distrito de Masin, Pablo Malvaceda Ortega, por el presunto delito de peculado por apropiación.

De igual forma, la medida coercitiva va dirigida a otros funcionarios implicados: Miguel Casana Gonzales (exadministrador), Rommel Ferro Espinoza (extesorero) y Peñafort Jaimes Sánchez (representante de INCORPA S.A.C).

Además, se dictó la medida de comparecencia con restricciones a Arturo Salgado Ramírez (exgerente) y a Vilma Celina Jaimes Armas (representante de Agroconstructora H&J S.R.L). Ellos son investigados por el Noveno Despacho de la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios a cargo del fiscal provincial Robert Rojas Ascón.

El Noveno Despacho de la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, a cargo del fiscal provincial Robert Rojas, lleva la investigación. Foto: Andina

Investigación

En ese sentido, de acuerdo a la acusación fiscal, en el año 2019, el alcalde aprobó la ejecución de la obra “Mantenimiento de parques y jardines de la municipalidad distrital de Masin - Áncash” valorizada en S/ 445.326. El proyecto fue ejecutado por administración directa pese a que había sido inicialmente consignado mediante la modalidad ‘Por contrata’, por lo que se realizó un desembolso aproximado de S/ 121.000.

Estos trabajos no fueron comprendidos en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) ni en el Presupuesto Institucional Modificado (PIM), en consecuencia, no se dio cuenta al Concejo Municipal, además, según testimonios de los regidores de esta localidad, esta obra jamás habría sido ejecutada.

Asimismo, contrataron a 46 personas, quienes fueron consignados en las planillas de pago; sin embargo, se detectó que nunca realizaron este servicio, por lo que se presume que el fin era apropiarse de los caudales del municipio.