En adelanto de fallo, el juez del Séptimo Juzgado Penal Unipersonal Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, Ronald Soto Cortez, sentenció al actual congresista de la República por Piura Wilmar Elera García a seis años de pena privativa de la libertad por el delito de colusión agravada, por su participación como supervisor de la obra “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Pacaipampa - Ayabaca”.
Asimismo, se impuso una condena similar a quien fue el inspector de obra Wilder Alexander Mogollón y al contratista José Cortegana Sánchez, quienes junto a Elera García deberán cancelar de manera solidaria una reparación civil de más de un millón de soles.
La lectura integral de la sentencia se dará el próximo 11 de agosto, donde el juez especializado expondrá los argumentos que sustentan su decisión.
De acuerdo a lo actuado en el juicio oral, esta obra tuvo un valor de más de tres millones de soles y un periodo de ejecución de 180 días calendario, cuyo contrato se firmó el 13 de enero de 2012, pero la obra la inició el 24 de mayo con la entrega parcial del terreno y el expediente técnico sin firma del proyectista; no obstante, el 19 de enero de 2012 la municipalidad hizo un adelanto directo por 722.543 soles, que correspondía al 20% del valor de la obra y el 9 de febrero del mismo año se realizó un pago de 1,4 millones de soles por concepto de adelanto de materiales, equivalente al 40% del valor de la obra.
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Según indicó el Poder Judicial, durante la fase de la ejecución, cuando el ingeniero residente hizo consultas sobre el acceso a la planta de tratamiento, la línea de conducción hacia la laguna de oxidación y otros, las mismas no fueron absueltas al no existir un responsable del expediente técnico; lo que, entre otras incidencias, llevó a que la obra sea paralizada y luego intervenida económicamente.
Más adelante, se llevó a dicha municipalidad a un arbitraje en el cual se fijó una indemnización a favor del contratista por más de un millón de soles.
Por último, el avance físico que se efectuó no se ajustaba a las valorizaciones presentadas por el contratista y aprobadas por la supervisión.