En mayo será la audiencia judicial por la contrarreforma universitaria

A menos de dos semanas de que culmine la legislatura, y a poco de que el pleno del Congreso realice la segunda votación del dictamen que debilita el rol de la Sunedu, esta última ya ha presentado ante el Poder Judicial (PJ) una demanda de amparo y una medida cautelar para frenar el avance de la denominada contrarreforma universitaria.

La primera de ellas ha sido admitida a trámite por el Segundo Juzgado Constitucional de Lima, el cual, además, ya fijó fecha de su única audiencia virtual: el lunes 9 de mayo. Ese día, los procuradores de la Sunedu y del Congreso deberán presentarse ante el juez para exponer sus argumentos a favor o en contra de la demanda. Luego habrá otros plazos para alegatos y para que se dicte la sentencia.

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Con esta acción, la Sunedu busca revertir lo avanzado en el Congreso e, incluso, en el Ejecutivo si este no observa la ley que “restablece la autonomía”. Esta última incorpora en el consejo directivo a representantes de universidades elegidos por rectores; elimina el proceso de licenciamiento en carreras y facultades; y reduce las funciones de la Superintendencia y del Ministerio de Educación.

De acuerdo a la demanda, interpuesta el 8 de febrero, la iniciativa legislativa representa una amenaza inminente a tres derechos fundamentales. El primero es el de “cosa juzgada”, ya que varios de los artículos que se pretende modificar en la Ley Universitaria, entre ellos los que se refieren a autonomía o al consejo directivo, ya han sido vistos y considerados constitucionales en sentencias como las del Tribunal Constitucional.

A ello añade la vulneración al “principio de independencia”, debido a que, al incorporar a representantes designados por universidades, sin concurso público, se pasa a una estructura de juez y parte, similar a la de la Asamblea Nacional de Rectores. “La independencia es la única vía para transitar por la función supervisora. Permite enfrentar distintas formas de poder que estarán en continua pugna por predominar o evadir el sistema de control”, argumenta.

Finalmente, menciona a la educación. “Al perder la función de licenciar programas, se quiebra el contenido constitucional de la educación como derecho y servicio público que debe brindarse con calidad”.

La otra acción

A la par de la acción de amparo, la Sunedu ha presentado una medida cautelar, que por su naturaleza se resuelve de forma mucho más rápida. Con esta última busca suspender todo el procedimiento parlamentario de la aprobación del dictamen hasta que se emita la sentencia del amparo, la cual recién tendría resultados en mayo o junio.

“Si se da la medida cautelar, antes de la segunda votación del Pleno, todo queda paralizado de forma inmediata. Si se da después de aprobada la ley, lo que se pide es que no se aplique a la Sunedu”, detalló a La República el procurador de la superintendencia, Mac Donald Rodríguez Sánchez.

Añade que, al existir peligro de demora, puesto que el dictamen está a punto de ser visto otra vez por el Pleno, solicitan que las decisiones en el PJ se tomen de forma inmediata. “Si no, podría ser irreparable porque los cambios ya se habrían dado. Por ejemplo, el dictamen plantea que en 30 días cese el consejo directivo. Si es así, no podrán seguir con el licenciamiento de carreras o facultades. No puede ser visto como un caso más. De por medio está la calidad universitaria”, precisa el abogado.

Por ello también esperan que entre hoy y el lunes se defina qué juez verá el caso para hacerle llegar los fundamentos.

Aún sin postura clara

Y mientras esto ocurre, el ministro de Educación, Rosendo Serna, aún no manifiesta con claridad su postura sobre el proyecto de ley. Ayer señaló que el desarrollo de la educación no está sujeto a intereses políticos ni económicos. “Hay conceptos básicos que deben recontextualizarse en educación y está definido que la supervisión es un requisito que debe estar presente. No podemos retroceder porque las universidades están ordenadas”, dijo. Luego agregó que su gestión apostará por mejorar la calidad “con una supervisión que no afecte la autonomía”.

La última resolución

La demanda de Sunedu, representada por su procurador Mac Donald Rodríguez, se admitió a trámite el lunes. También fija fecha de audiencia.