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Sociedad

Arequipa: Osorio con presunta responsabilidad penal por obra que causó perjuicio de S/ 14 millones

Según Contraloría, la empresa que ejecutó saneamiento en Huancarqui y Aplao (Castilla) fue beneficiada con ampliaciones y sin cobro de penalidades. Para entidad, exgobernadora Yamila Osorio habría cometido delito de omisión de funciones.

larepublica.pe
Exgobernadora no resolvió el contrato pese a problemas en la obra. Foto: archivo LR

El Gobierno Regional de Arequipa (GRA) y la empresa A&R SAC Contratistas Generales causaron un perjuicio de S/ 14 686 875 por la obra de ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado de los distritos de Huancarqui y Aplao (Castilla). En marzo del 2014 se firmó el contrato por S/ 43 millones y la obra hasta la actualidad no culmina. Una de las presuntas responsables de la deficiente e inconclusa obra es la exgobernadora regional Yamila Osorio Delgado.

Mediante su informe de auditoría N°006-2022, la Contraloría General de la República evidenció que la entidad regional aprobó 11 ampliaciones de plazo (1258 días) injustificadas, por lo que no efectuó penalidades por S/ 5 000 120. Estas prórrogas generaron mayores gastos, los cuales llegaron a los S/ 968.256. Además, A&R SAC realizó una deficiente e inconclusa construcción. Pese a ello, solicitó el pago de partidas no ejecutadas, y aun así GRA le pagó. En uno de sus componentes, la planta de tratamiento de Aplazo, se produjo el deterioro de la infraestructura y de los equipos almacenados por S/ 8 622 524.

El GRA resolvió el contrato en diciembre del 2017 cuando la obra tenía un avance físico de 97%. Se aprobó un presupuesto de S/ 7 millones más para culminarla en marzo del 2018. El ente de control indicó al GRA iniciar procedimientos administrativos y poner de conocimiento a la Procuraduría para que inicie los procesos penales contra 10 exservidores, entre ellos la exautoridad.

La exgobernadora regional tenía conocimientos de todo estos hechos, según el ente de control. No solo de los incumplimientos contractuales con los diversos retrasos, sino también de problemas financieros como el no pago a proveedores de materiales y equipos, además del impago a personal obrero. “No efectuó acciones en resguardo de los intereses de la entidad, a fin de evitar que se otorgue ventaja a la contratista con plazo adicional y sin pago de penalidades”, refiere el informe.

Osorio también habría cometido delito de omisión de funciones. Para Contraloría se debió resolver el contrato; pero, por el contrario, Osorio mantuvo una reunión con A&R en el despacho de la gubernatura para tocar el tema de la obra. Esto, según indicó al ente de control el gerente regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos. “Más aún si tenía conocimiento del documento emitido por el presidente del Consejo Regional, donde hace referencia al incumplimiento del Contratista, la necesidad de resolver el contrato y ejecutar las garantías”, indica el informe.

También están comprometidos Carlos Ramírez Gonzáles, jefe de la Oficina Regional de Administración; Edy Ñaca Bailón, gerente regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos; José Luis Rodríguez Silva, genere general; Marco Antonio Revilla Huaraca, jefe de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica; Miguel Ángel Villagómez Flores, inspector de obra; además de los inspectores y coordinadores de obra Carlos Enrique Ramos Salinas, Carlos Cauna Quispe, Freddy Condori Gómez y Jimmy Salas Pauca.

Planta abandonada e inviable

El 12 de noviembre del 2021, la comisión auditora, miembros de la entidad regional y exinspectores realizaron una inspección física a la planta de tratamiento. Entre las conclusiones se encuentra que la misma no está operativa y no realiza tratamiento de aguas residuales. “Es un componente inviable y no cumple su finalidad”, se señala. Además, el terreno donde se ubica la obra no es el recomendable. Debió de estar ubicada fuera de la influencia del río Majes o se la debió proteger ante infiltraciones y avenidas. Y es que la infraestructura tiene deformaciones y fallas.