Por: Luis Gárate, representante de CooperAcción
La pandemia de la COVID-19 no solo ha impactado en la salud humana, sino también ha causado una grave crisis económica. Millones de personas perdieron sus trabajos e ingresos, la pobreza volvió a crecer y la crisis social ha llevado a la reaparición de formas de solidaridad, como las ollas comunes para paliar el hambre.
Existe un consenso en que la reactivación económica es urgente. Desde el gobierno de Pedro Castillo se están preparando diversos paquetes de inversión para ello, incluyendo el bono Yanapay, programas de empleo de emergencia, ampliación de la inversión pública, entre otros.
Al mismo tiempo, a nivel global enfrentamos una crisis ecológica que, sin exagerar, podría tener impactos más serios que la propia pandemia, como lo muestran anualmente los informes sobre cambio climático. Por ello, la inversión económica que va a realizarse para la reactivación debe ser tomada como una oportunidad para impulsar la transformación ecológica. El peligro sería una reactivación basada en recetas del pasado, promoviendo actividades con mucho impacto ambiental, en vez de aprovechar este impulso para impulsar iniciativas que preserven el ambiente y medidas de adaptación y mitigación del cambio climático. La reactivación de hoy debe ser una apuesta por una agenda de futuro.
Luis Gárate, representante de CooperAcción. Foto: R. Mondragón/DAR
Sería un error pensar que el sector Hidrocarburos puede ser una prioridad en este contexto, o que es posible “resucitar” a Petroperú o la actividad petrolera. Todo lo contrario: un estudio realizado para CooperAcción demuestra que la actividad petrolera es la que menos empleos genera por unidad de contaminación. Es decir, contamina mucho, pero crea muy pocos empleos. Además, la prospectiva de las grandes empresas petroleras apunta a una caída de la demanda en las próximas décadas por la transición energética global, pues el mundo cada vez más transita a las energías limpias. Así que es un sector que no tiene mucho futuro.
En el caso minero pasa algo similar: genera pocos puestos de trabajo y puede tener grandes impactos ambientales, más aún si se plantea reducir estándares o flexibilizar normas para acelerar la ejecución de los proyectos mineros cuando los empresarios se quejan de la “tramitología”. Sin embargo, es cierto que algunos minerales, como el cobre o el litio, son cruciales para la transición energética global, lo que es una oportunidad económica para el país. Pero para que esta oportunidad sea bien aprovechada, sin causar más impactos ambientales o sociales, debe venir acompañada de una política de ordenamiento territorial y de un fortalecimiento de las normas y autoridades ambientales, así como de una reforma tributaria que permita que la minería realice un mejor aporte fiscal al país, especialmente en momentos de precios altos de los minerales como ocurre hoy en día.
Pensar que las extractivas van a ser los grandes impulsores de la reactivación sería un error. Más bien es urgente invertir en sectores que impulsen la transformación ecológica, como lo están haciendo cada vez más países. Por ejemplo, invertir fuertemente en energías limpias (solar, eólica, geotermia); promover la agricultura familiar ecológica, que genera empleo y alimenta al país; impulsar el ciclismo como un medio de movilidad sostenible, que vaya de la mano de la fabricación y mantenimiento de vehículos no motorizados; la reforestación y el aprovechamiento sostenible de los bosques; la construcción de cochas y sistemas de siembra y cosecha de agua, como una política esencial para la adaptación al cambio climático; la pesca artesanal sostenible, para el consumo humano directo, entre otros sectores que generan ingresos y empleos, pero impulsando una economía ambientalmente sostenible para el siglo XXI.
La reactivación económica es una necesidad, pero no debería colisionar con el cuidado de los ecosistemas, sino ser una oportunidad para explorar nuevas formas de productividad con mirada de futuro.
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