La Contraloría General de la República identificó que, hasta este mes, nueve municipalidades y un gobierno regional realizaron operaciones fraudulentas, a las que denominó “pagos fantasmas”, las mismas que involucran un monto total de 35 860 808,26 soles. Estas transferencias figuran en nueve informes de control.
De acuerdo a la institución dirigida por Nelson Shack, estas transacciones se caracterizan por el uso irregular, por parte de servidores públicos, de un “código autorizado para aprobar y ejecutar fases de gasto” sin la documentación que requiere el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF). Acto seguido, estos funcionarios estatales realizaban los pagos a terceros sin vínculo contractual con la entidad.
Según la información de la Contraloría, la institución en la que se registró la transacción fraudulenta con el mayor monto es la Municipalidad Provincial de Padre Abad, en la región Ucayali. En esta comuna se encontró un perjuicio económico de 10 275 825,82 soles, dinero que fue transferido a cinco empresas que no tenían contrato con el municipio y que, para lo cual, se presentó información falsa en el SIAF.
“Por este hecho, la Contraloría determinó en siete exfuncionarios y servidores de la entidad presunta responsabilidad administrativa y/o penal”, se lee en la nota de prensa del órgano autónomo.
Asimismo, en esa región se detectó un caso similar en la Municipalidad Distrital de Manantay, donde se identificó que un usuario inactivo con claves de acceso a cuentas bancarias, registró información irreal en el SIAF, lo que permitió la transferencia de 1 003 635 soles a cuentas de dos empresas y una persona natural que no tenían relación con dicho municipio. Esta acción provocó que se postergue un proyecto de inversión pública de mejoramiento del pool de maquinarias.
Otro de los gobiernos locales en los que se detectó grandes transferencias fraudulentas es la Municipalidad Distrital de Callayuc, entidad cuyos trabajadores administrativos autorizaron la transacción de recursos a terceros por 8 861 607,69 soles. Servidores no justificaron movimiento financiero, por lo que el informe de control correspondiente determinó presunta responsabilidad administrativa y penal.
Entre los otros gobiernos subnacionales involucrados en este hallazgo de la Contraloría figura también el Gobierno Regional de Tumbes, cuyos funcionarios aprobaron documentos que facilitaron la transferencia de 7 531 585,35 soles a empresas que no realizaron prestaciones algunas.
En la región Loreto se detectaron tres pagos irregulares. Las municipalidades involucradas son las distritales San Juan Bautista y Inahuaya, y la provincial de Ucayali.
En el caso de Lima Metropolitana y la región Callao, la Contraloría informó que se halló perjuicio económico de un millón de soles a la Municipalidad de Villa María del Triunfo y de 3 867 559,33 soles en el municipio de Ventanilla.
Finalmente, la entidad indicó que continúa tras los rastros de otras operaciones financieras de este tipo que se realizarían en otros gobiernos locales.