El Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo (región Lambayeque) ordenó que cuatro integrantes de la presunta red criminal La Resurrección Norteña pasen 36 meses bajo prisión preventiva mientras se realizan las investigaciones en su contra por el delito de organización criminal, tráfico de terrenos y otros.
Los dos primeros encarcelados son Carlos Enrique Vázquez Zavala (60) alias ‘Kike Vásquez’ y supuesto cabecilla de la organización delictiva; y el policía que integra Seguridad del Estado identificado como José Oswaldo La Torre Cabrera alias ‘Lato’.
También se dio mandato de cárcel provisoria para el abogado Manuel Antonio Cevallos Gonzales alias ‘Doctor Manuel’, y el empresario Sergio Giovanni Velásquez Llontop (a) ‘Giovanni’.
La medida fue obtenida por el fiscal de crimen organizado Juan Mogollón Castillo ante la jueza Cecilia Grandez Rojas, quien emitió resolución contra cuatro de las diez personas para quienes se pidió la medida coercitiva.
En el caso de Vásquez Zavala, la Fiscalía le imputa ejercer control en los integrantes de la red delictiva y asignar tareas o funciones específicas. Además, se encarga de conseguir los recursos logísticos y administrar los recursos económicos de fuentes ilícitas.
A La Torre Cabrera, en su condición de colaborador, se le acusa de haber brindado información y respaldo policial a las actividades delictivas que efectuaba la organización criminal. Para lograr esto, el policía se ayudaba en su trabajo como efectivo de Seguridad del Estado, unidad policial encargada de investigar las usurpaciones o tráfico de terrenos de propiedad pública o privada.
En audiencia pública, la Fiscalía señaló también que el empresario Velásquez Llontop habría participado en la venta fraudulenta de bienes inmuebles, los cuales eran previamente usurpados por La Resurrección Norteña. Para estos ilícitos, el investigado utilizó su empresa Consorcio Grupo Velásquez Sociedad Anónima Cerrada para darle legalidad a la venta de los inmuebles usurpados.
Asimismo, al abogado Cevallos Gonzales se le imputa haber representado los intereses de la organización criminal durante las diligencias de constatación policial en los predios usurpados, además de haber elaborado y suscrito los contratos o minutas de compraventa de lotes usurpados, mediante influencias en las notarías y las entidades estatales.
Los cuatro investigado ya han sido trasladados a la sede del penal de Chiclayo, en el distrito de Picsi, luego de inicio de la audiencia pública el último martes 24 de agosto a las 9.00 de la mañana.