Organizaciones indígenas y campesinas piden pleno dedicado al medioambiente

El jueves 6 de mayo, representantes de más de 110 organizaciones indígenas y campesinas realizaron una protesta en las afueras del Congreso de la República para exigir al Legislativo un pleno con temática de “Pueblos y Ambiente” que devenga en dictámenes orientados a defender diversas causas relacionadas a sus comunidades.

En esa línea, los dirigentes y miembros de las organizaciones exigieron legislaciones para proteger a los defensores ambientales y a las comunidades en aislamiento voluntario y contacto inicial, así como para remediar la contaminación generada por proyectos extractivos. Asimismo, se busca que el Estado ayude a frenar las actividades ilícitas en la Amazonía peruana como el tráfico de tierras, el narcotráfico, la minería y la tala ilegal.

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“¡Que el Congreso no le falle otra vez a los pueblos y el ambiente! ¡Solicitamos la convocatoria a un pleno de Pueblos y Ambiente!”, se demanda en una carta abierta firmada por las más de 110 organizaciones.

Entre los firmantes se encuentran la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), la Organización de los Pueblos Indígenas del Oriente (Orpio), la Federación de Comunidades Nativas de Ucayali y Afluentes (Feconau), la Plataforma de Organizaciones Indígenas Amazónicas (Piunamud), la Organización Nacional de Mujeres Indígenas del Perú (Onamiap), el Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampis y la Federación Regional de Rondas Campesinas de Cajamarca.

Desde la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología se llegó a aprobar un paquete de dictámenes referidos a los pueblos indígenas y al medioambiente. Entre ellos está el proyecto de ley 4044, que busca proteger a comunidades en situación de aislamiento y contacto inicial, sobre todo ante la COVID-19. Por su parte, está también el PL 6699, que busca reconocer y reforzar la personalidad jurídica de los pueblos indígenas.

No obstante, se encuentran en espera otros proyectos como los 336 y 389, con los que se implementaría normas para proteger y reforzar, específicamente, a los defensores ambientales. Esto bajo el contexto de los asesinatos a cuatro dirigentes indígenas que se perpetraron entre enero y octubre del año 2020,y de los de otros 15 que fueron ejecutados en conflictos sociales acontecidos durante los últimos cinco años.

Cabe señalar que, durante los últimos 20 años, más de 962 defensores fueron perseguidos judicialmente por defender sus territorios, según la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH).

“Solicitamos a la Mesa Directiva del Congreso y a la Junta de Portavoces la convocatoria de manera urgente a un pleno de Pueblos y Ambiente en el mes de mayo que permita que el Congreso debata y apruebe estas leyes para defender nuestros derechos y al ambiente (…) Que el actual Congreso no nos falle y esté a la altura de la historia. Por eso, esperamos ser escuchados”, concluye la mencionada carta abierta.