Líderes indígenas amenazados de muerte contarán con mecanismo de protección

En una conferencia de prensa emitida el 21 de abril, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Vega, anunció la creación de un mecanismo de protección para líderes indígenas amenazados de muerte y cuya integridad se encuentre en riesgo.

Al comunicar esta medida, el funcionario recalcó el contexto bajo el cual se lleva a cabo. Así, durante el primer trimestre del año, hasta siete líderes indígenas fueron víctimas de asesinatos presuntamente perpetrados por organizaciones criminales ligadas a actividades ilegales como el narcotráfico, la tala ilegal y la trata de personas, entre otras que se llevan a cabo en la Amazonía y otros puntos remotos del país.

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“El día de hoy se ha abordado un tema delicado como es la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos, en su mayoría, líderes indígenas que en el último año han sido asesinados como consecuencia de la defensa de sus territorios, de la Amazonía, en diversas zonas del país”, expresó.

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Eduardo Vega se refirió a tres de las víctimas de estos asesinatos: “Me gustaría mencionarlos y recordarlos el día de hoy. Ellos son Yenes Ríos Bonsano, asesinado en Ucayali el 22 de febrero de este año; Erasmo García Grau, también en Ucayali el 25 de febrero de este año; y hace pocas semanas, la señora Estela Casanto, asesinada en Junín el 12 de marzo de este año”.

En esa línea, el ministro de Justicia y Derechos Humanos explicó que el Gobierno emitirá un decreto supremo, el cual crea un mecanismo intersectorial para la protección de las personas defensoras de los derechos humanos.

“Hemos creado un mecanismo lo más eficientemente posible para, una vez detectadas aquellas señales de amenazas contra dirigentes y lideresas indígenas, se pueda activar un protocolo que permita, en primer lugar, brindar una protección a las personas, brindar, si el caso lo requiere, un traslado, y evitar que haya impunidad frente a estas personas que amenazan y asesinan a los líderes indígenas”, señaló.

Según Vega, este decreto partió de un pedido hecho por diversas organizaciones indígenas y de la sociedad civil, así como por otras organizaciones internacionales, para que el estado peruano pudiera poner a salvo a estas personas.