Contraloría observó segunda convocatoria de MPCh para compra de compactadoras
El ente de control emitió un nuevo documento que indica que la Municipalidad de Chiclayo contravino la norma con la Resolución de Alcaldía n.° 224 que anuló el primer proceso.
La Contraloría General de la República detectó incongruencias en la Resolución de Alcaldía n.° 224, que anuló de oficio la primera convocatoria de la Licitación Pública n.° 001 que convocó la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh) para la compra de compactadoras para el servicio de la limpieza pública, también observada por el ente de control.
El ente, con el Reporte N° 007 del 30 de marzo de 2021, observó dicho documento en el marco de la segunda convocatoria para el procedimiento de selección, aunque también lo hizo con la primera, tal como consta en el Informe n.° 06 del pasado 18 de marzo.
En ambas oportunidades se indicó que el ayuntamiento vulneró la normativa, lo que genera riesgo de afectar la correcta administración pública y los principios de legalidad, eficiencia e integridad.
Observaciones
En el último documento de control, se mencionó que dicha resolución del 24 de marzo fue suscrita por el alcalde encargado Junior Vásquez, quien declaró la nulidad del procedimiento de selección por contravención de la normativa, conforme lo consideró la Contraloría, que también identificó situaciones adversas, entre ellas un presunto direccionamiento.
El ente de control señaló que el artículo primero de dicha resolución dispuso retrotraer el proceso a la fase de la convocatoria, lo que significa que son válidas las etapas anteriores a la mismas, entre ellas el requerimiento que estableció las especificaciones técnicas para la compra de las compactadoras valuada en más de S/ 3 millones.
Sin embargo, el artículo segundo ordenó la reformulación de las especificaciones técnicas que realizó la subgerencia de Residuos Sólidos.
Vulneración de la norma
En ese sentido, la Contraloría remarcó que esta situación genera un imposible jurídico y resulta contrario a lo resuelto por el comité de selección. Además, infringe la Ley de Procedimiento Administrativo General y la Ley de Contrataciones del Estado.
Es por eso que solicitó a la autoridad municipal ejecutar acciones correctivas y preventivas.
Conforman comisión
En tanto, el pleno del concejo aprobó la conformación de una comisión de regidores para fiscalizar este proceso. Está integrada por Orlando Puell, Karina Villegas y Pedro Ubillús.
Puell sostuvo a La República que se solicitará la documentación para la revisión y emitir un informe.