La Defensoría del Pueblo informó que 450 niñas, adolescentes y mujeres adultas fueron reportadas como desaparecidas en febrero, lo que supone un promedio de 16 reportes por día y un incremento con respecto a enero, según su informe ¿Qué pasó con ellas?
En enero, un total de 311 niñas, niños y adolescentes fueron reportados como desaparecidos. De esta cifra, 268 eran niñas y adolescentes mujeres, es decir, un 86%, lo cual reafirma la mayor vulnerabilidad por el factor de género de las víctimas.
Asimismo, 182 mujeres adultas fueron reportadas como desaparecidas en febrero, lo cual representa un 9% más que enero.
“Cabe recordar que, ante una desaparición, el Estado debe cumplir con la debida diligencia a través de una intervención oportuna y acciones mínimas de búsqueda e investigación con enfoque de género”, señala la institución.
“Esta actuación debe ser pronta e inmediata para ubicar a las víctimas, por lo que es clave que existan procesos adecuados de denuncia que posibiliten la investigación desde las primeras horas de la desaparición bajo la presunción de que las personas siguen con vida y privadas de su libertad”, añaden.
Según el reporte, en febrero, se advirtieron ocho feminicidios y en tres de ellos, las víctimas habían sido reportadas previamente como desaparecidas.
La Defensoría hace un llamado para seguir fortaleciendo el Sistema de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Indican que, para esto, es necesario que se pueda acceder directamente a las notas de alerta de meses pasados y que se subsanen los problemas en los registros de datos de las víctimas.
Además, resaltan que es necesario fortalecer la sección ¿Cómo denunciar? con datos como la no necesidad de esperar 24 horas para denunciar la desaparición, las diligencias urgentes e inmediatas para la investigación y búsqueda, entre otros.
“La Defensoría del Pueblo insiste en que la desaparición de mujeres por particulares debe incluirse como una forma de violencia tanto en la Ley N° 30364 como en el Plan Nacional contra la Violencia de Género 2016-2021. Esto permitirá darle visibilidad y especializar los servicios de atención a las víctimas, además de formular e implementar políticas públicas y mecanismos de acción territoriales y desde un enfoque interseccional”, agrega, finalmente, la entidad.