En la segunda diligencia que realizó la fiscal anticorrupción Karim Ninaquispe en el Hospital Regional Lambayeque (HRL) se confirmó la entrega irregular de balones de oxígeno medicinal a un hospital de la región La Libertad, a una clínica de la ciudad de Chiclayo y a terceras personas pese al desabastecimiento del insumo en la región a causa de la pandemia por la COVID-19.
En virtud a la investigación preliminar que entabló por este caso, la representante del Ministerio Público intervino en el nosocomio a fin de recabar la documentación respecto a la denuncia que interpuso el consejero Manuel Huacchillo.
Ninaquispe enfatizó que conforme a la documentación se verificó que, hace tres semanas, el entonces director del nosocomio Juan Ordemar Vásquez firmó un convenio con la Clínica Pacífico.
“Al revisarse la documentación se constató que la clínica entregó un balón de oxígeno a cambio de 10 balones”, expresó.
La autoridad fiscal enfatizó que la investigación permitirá conocer si la clínica atiende a pacientes con coronavirus. “Todo indicaría que se habría entregado los balones de oxígeno sin sustento y sin justificación a pesar de las necesidades de la población lambayecana”, anotó.
Recalcó que se obtuvo documentos para la entrega de balones al hospital de la ciudad de Chepén en La Libertad. “Es una situación que nos preocupa, pues no se actuó con respeto, ni bajo condiciones y parámetros. Los funcionarios actuaron a libre discreción de funciones sin tener en cuenta la afectación a la población”, sentenció.
También mencionó que Juan Ordemar y el jefe de Mantenimiento, de forma verbal, ordenaron la entrega de este producto medicinal a terceros sin comprobar su real estado de salud y situación económica.
En ese contexto, afirmó que el problema se centra en la producción del excedente de la planta de oxígeno que permite almacenar al día 60 balones con este insumo.
La investigación también comprende la contratación directa para la compra de la planta de oxígeno del HRL con una inversión de S/ 4 millones, pero que opera a 60% de su capacidad.
“Es un equipo costoso que no funciona al 100% a dos meses de la adquisición”, remarcó.
Respecto a los delitos que se investigarían, señaló que están negociación incompatible, tráfico de influencias y peculado.