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Sociedad

Facultad de Medicina UNMSM: Implicados deben asumir las consecuencias

La Facultad de Medicina San Fernando mencionó que se han afectado los reglamentos y buenas prácticas al vacunar de manera irregular a personas ajenas a los ensayos clínicos.

larepublica.pe
Facultad de Medicina consideró que se necesita un proceso de regeneración institucional. Foto: UNMSM

La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) emitió un comunicado este miércoles 17 de febrero sobre la emisión de una lista de 487 personas que se aplicaron irregularmente vacunas contra la COVID-19.

En esa línea, pidieron que todos los implicados en el caso Vacunagate asuman las consecuencias de sus actos y tomen con dignidad las decisiones que les corresponda. “Esto para facilitar el inicio de un proceso de regeneración institucional a la altura de los graves desafíos que enfrentamos como colectividad nacional”, señalan.

En dicho pronunciamiento, la Facultad también indicó que los ensayos clínicos deben ceñirse a los postulados éticos y el investigador principal debe cumplir con los lineamientos de las Buenas prácticas y la normatividad peruana; sin embargo, esto no habría sido respetado en su totalidad.

“En la mayor crisis de salud de nuestra vida republicana, se ha infringido flagrantemente principios normativos y éticos del reglamento vigente y las buenas prácticas clínicas, al usar la vacuna en personas que no son sujetos de investigación”, mencionó.

Comunicado de la UNMSM. Foto: Facebook

Así también, expresaron que las autoridades cometieron un error que transgrede los estándares científicos y éticos, bajo los marcos normativos establecidos. “Es un error inexcusable la transgresión explícita en la que han incurrido quienes precisamente deberían ser el ejemplo de excelencia investigativa, más aún en las aciagas circunstancias actuales”, manifestó.

Por último, precisaron que la situación acentúa la desconfianza de la ciudadanía en las instituciones. “Es un deber ineludible reflexionar sobre sus causas, analizar sus consecuencias y actuar para lograr una sociedad justa, basada en el respeto de la ley y el acceso equitativo a los bienes públicos”, aseveran.

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