La Municipalidad de San Martín de Porres y la Policía Nacional del Perú llevaron a cabo un operativo en la urbanización Fiori, donde se decomisaron más de 4 toneladas de productos pirotécnicos.
El coronel PNP José Edgar Gutiérrez, jefe de la División de Investigación de Delitos contra el Estado, indicó que la incautación fue posible gracias a un trabajo de inteligencia.
Según explicó Gutiérrez a RTV, en el complejo multifamiliar, se hallaron varias cajas con diferentes tipos de explosivos que se habrían estado comercializando por las fiestas de fin de año.
La propietaria del inmueble indicó, en su defensa, que los pirotécnicos eran sobras de la venta del año pasado, y que en ese entonces, recibió la autorización de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec) para la manipulación de los mismos.
Sin embargo, el coronel a cargo del operativo mencionó que no tenía el permiso del 2020. Además, se comprobó que el lugar de almacenamiento no cumplía con ninguna de las condiciones requeridas. Uno de los detalles más peligrosos que hallaron es que las cajas con pirotécnicos estaban cerca de productos inflamables, como balones de gas.
El coronel Gutiérrez recordó que quienes usan más estos productos explosivos son los niños y adolescentes, por eso, exhortó a los padres a evitar comprar pirotécnicos, porque ponen en riesgo la integridad de toda la familia.
La propietaria de la vivienda fue intervenida y podría ser acusada del delito de peligro común, en la modalidad de tráfico de pirotécnicos.
Si bien en años anteriores la Sucamec permitía la venta de pirotécnicos en ferias autorizadas, este 2020 se encuentra completamente prohibido debido al contexto de pandemia.
El titular de la Gerencia de Explosivos y Productos Pirotécnicas de Uso Civil de Sucamec, Roberto Vizcardo, señaló que las multas y sanciones penales son tanto para el comprador como para el vendedor.
Explicó que las multas pueden llegar hasta las 500 UIT, que representan alrededor de S/ 2 150.000 y, por su tipificación, el delito es sancionado con penas de 4 a 8 años de cárcel. Si la manipulación de los artefactos explosivos provoca lesiones, la condena es de hasta 10 años de prisión.