Tacna: auditora de Ilabaya fue cambiada y se retrasó investigación
Tesis. Exalcalde Luis Cerrato es sindicado de liderar organización criminal que saqueó municipio tacneño. Se valía de contactos en Contraloría para bloquear investigaciones, esa es la tesis fiscal.
La investigación fiscal del caso denominado “Los saqueadores de Ilabaya” puso al descubierto cómo operaba esta presunta organización criminal en la Municipalidad Distrital de Ilabaya entre el 2015-2018 y su modus operandi en la búsqueda de impunidad.
La jefa de la comisión designada por la Contraloría para auditar el municipio de Ilabaya era Heydy Espinoza Chucuya. La removieron de su cargo en forma intempestiva.
Esa revelación la obtuvo el Tercer Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción que investiga el caso de dos postulantes a colaboradores eficaces. Estos señalaron a la Fiscalía que el exalcalde de Ilabaya, Luis Cerrato Tamayo, tenía contactos en la Contraloría que le permitían estar despreocupado sobre las acciones de control a su gestión municipal. Entre esos contactos se ha mencionado a Edgar Alarcón, contralor en ese entonces.
La Fiscalía presume que durante ese periodo se cometieron diversos actos de corrupción, como peculado y apropiación. Con esos testimonios, la Fiscalía interrogó a la abogada el 9 de noviembre para verificar la información. Ella relató que el 02 de abril del 2018, fue llamada al despacho de la jefa regional encargada de la Oficina de la Contraloría en Tacna, María Eyzaguirre Berrios. Le comunicó que la había propuesto como jefa de un Órgano de Control Interno (OCI) sin indicarle en qué institución o ciudad.
Veinte minutos después, la llamó Alexander Moggiano Lanfranco, personal de la Contraloría en Lima, refiriéndole que por propuesta de su jefa sería asignada a Puno. De inmediato, la abogada le respondió que no podía aceptar el cargo dado que se había casado hace dos meses, tenía estudios pendientes y proyectos personales en Tacna.
“Me respondió que por mi contrato podían enviarme a otra región, si así lo deciden y no necesariamente como jefa de OCI y que si no aceptaba me iban bajar el dedo. A lo que le solicité que me diera por lo menos un día para conversar con mi familia. Me dijo que me daba 20 minutos”, declaró la testigo a la Fiscalía.
Finalmente presionada y con temor de tener represalias si se negaba, al recibir nuevamente la llamada, la abogada aceptó el cargo. El 03 de abril se suscribió la carta de encargatura de la jefatura de la OCI de la Municipalidad Provincial del Collao (Puno). Días después la profesional tuvo problemas en su hogar por el cambio y decidió intentar una vez más dialogar con la responsable de la Contraloría en Tacna, para que pudiera asignar en alguna otra jefatura en cualquiera de las cuatro provincias de la región.
Se lo negaron. Le advirtieron que no había proyecto alguno para designaciones en Tacna, sin embargo en mayo de ese año la Contraloría nombra a nuevos jefes de OCI en las municipalidades de Tarata y las distrales de Ite y Alto de la Alianza.
La jefa de la comisión finalmente dejó la auditoría de Ilabaya y pasó a Puno. Esa comisión emitió el 29 de diciembre del 2017 el proyecto para la aprobación del informe de Ilabaya al despacho del vicecontralor, el cual devolvió el 31 de enero y 20 de marzo del 2018 los informes para subsanar errores de fondo y forma. Esa auditoría debió demorar seis meses pero, tardó dos años en concluirse. Durante ese periodo, según la Fiscalía, se continuaron cometiendo actos de corrupción en Ilabaya.
