Consulta previa y reactivación económica: ¿Seguir cometiendo los mismos errores?

El último 9 de octubre se llevó a cabo una audiencia ante la CIDH en la que más de 40 organizaciones de pueblos indígenas y sociedad civil de la Región solicitaron a los gobiernos de México, Colombia, Perú y Brasil que fortalezcan el derecho a la consulta previa, garantizando como mínimo instituciones autónomas y con recursos suficientes que aseguren procesos oportunos de consulta, con mecanismos de información y publicidad interculturales, y de seguimiento al cumplimiento de acuerdos entre los pueblos indígenas y el Estado; y beneficios razonables o reparaciones libres de cualquier coacción o condicionamiento.

Asimismo, se solicitó que los gobiernos no debiliten el derecho a la consulta previa en el marco de los procesos de reactivación económica y reinicio de actividades de proyectos de infraestructura y extractivos, por ejemplo, con una consulta previa virtual, que no garantizaría el diálogo intercultural ni tomaría en cuenta el contexto de salud y accesibilidad de las poblaciones.

Sobre este último punto, es clave señalar que en el Perú existen serias debilidades para el cumplimiento de este derecho, como el incumplimiento de los acuerdos resultantes y la ausencia de mecanismos para monitorearlos. No obstante, el Gobierno, y en especial los sectores Extractivos y de Infraestructura, continúan viendo este derecho como un trámite administrativo usado para dar luz verde a proyectos.

En dicha tendencia se enmarcan las propuestas del Gobierno de recortar el tiempo de la consulta para que las inversiones se aprueben más rápido; y las del sector privado, como la que se encuentra en la Agenda de Reactivación 2020 de la Confiep, de “reemplazar el proceso de consulta previa en la etapa de exploración [minera] por el acuerdo previo con acompañamiento del Estado”, lo cual sería un gran riesgo para el respeto de este derecho.

En el marco de la reactivación económica, ya la CIDH hizo un llamado formal a los gobiernos para que no debiliten las salvaguardas sociales y ambientales, invocando a abstenerse de promover iniciativas legislativas o avances en la implementación de proyectos productivos o extractivos en los territorios de los pueblos indígenas durante el tiempo de pandemia, debido a la imposibilidad de llevar adelante los procesos de consulta previa.

En ese sentido, no se puede hablar de procesos de reactivación cometiendo los mismos errores que nos llevaron a conflictos como el de Bagua, tenemos que avanzar hacia la sostenibilidad de proyectos con respeto de derechos, lo cual es tarea de todos, pero principalmente del Gobierno y nuestras autoridades.