Juan C. T. (40) cumple prisión preventiva de siete meses en el penal de Chiclayo, mientras duran las investigaciones en su contra por presuntamente haber abusado de dos menores de edad en el distrito de Cayaltí. Este caso se suma a las indignantes cifras de violencia sexual en la región Lambayeque, que tienen rostro de mujer y de niñez.
En estos casos el uso de la cámara Gesell es esencial para lograr una condena significativa, debido a que le permite que la persona abusada obtener justicia sin ser revictimizada.
Ayer, el presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Lambayeque, Jorge Juan Arteaga Vera, solicitó a la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), Rosario Sasieta Morales, la instalación de cámaras Gesell en las sedes fiscales de Lambayeque, La Victoria, Cayaltí y en la Unidad Médica Legal de Chiclayo.
El principal objetivo es atender la elevada carga de entrevistas únicas para los afectados por abuso de menores de edad y violencia familiar. En lo que va del 2020, se han registrado 3.383 casos en Chiclayo y 1.250 casos en el distrito de José Leonardo Ortiz, en cuanto a violencia familiar.
A través de un comunicado, el Ministerio Público de Lambayeque informó que la cámara Gesell de Chiclayo se ha interconectado con el auditorio para facilitar el trabajo de los operadores de justicia y prevenir la COVID-19.
En diálogo con La República, representantes del Centro Emergencia Mujer (CEM) indicaron que comúnmente la cámara gesell es un ambiente administrado por el Instituto de Medicina Legal y dividido en dos espacios: uno para la entrevista con el menor agraviado y la otra para los fiscales, abogados y padres. Ambos ambientes estarán separados por una pared de vidrio espejado.
“Una cámara Gesell es el ambiente adecuado que permite que un menor de edad pueda ser entrevistado por un psicólogo especialista y que cuente su experiencia de un hecho de violencia, ya sea física, sexual, psicológica”, indicaron.
La implementación de las cámaras Gesell no ha ido de la mano con la demanda por los casos. A esto se suma que, los distritos de Chiclayo y José Leonardo Ortiz cuentan con solo una Fiscalía Especializada en Lesiones y Agresiones contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar, constituida por 21 fiscales, desde agosto de 2019.
La ministra de la Mujer ofreció su apoyo al Ministerio Público para instalar dichos sistemas, con el financiamiento de la Beneficencia Pública de Chiclayo y Lambayeque.