La Fiscalía Anticorrupción realizó ayer una intervención en la Municipalidad Provincial de Lambayeque (MPL) con el objetivo de indagar presuntas irregularidades en la segunda adquisición y entrega de un lote de otras 3 300 canastas con víveres a las familias afectadas por la pandemia de la COVID-19.
Fuentes de este diario indicaron que la solicitud fue realizada ante el Ministerio Público por ciudadanos y regidores, quienes pidieron que se haga una investigación preliminar para comprobar la existencia de presuntos delitos.
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Se denuncó que los productos del segundo bloque de canastas podrían ser repartidos con un valor menor con respecto a los víveres de las primeras canastas. Por ejemplo, indicaron que el grated de sardina y aceite que se repartirían en la población tienen un valor distinto a los productos incluidos en la primera canasta.
Sobre esto, indican que en el acuerdo de Consejo n°. 16-2020 se estableció que el valor de la canasta debía ser el mismo que las primeras distribuidas , cuyo valor habría sido de S/60.00, sin embargo, se habría podido advertir que está compuesta por productos que tienen un valor distinto y menor en el mercado con respecto a los productos.
Además, exhortan a los fiscales a corroborar la transparencia en el uso de S/200 000 para la compra de los productos, considerando que la aprobación de dichas adquisiciones se aprobó en el mes de abril.
Al respecto, el alcalde de la provincia de Lambayeque, Alex Rodríguez Alvarado, explicó que en total son 3 333 kits conteniendo alimentos de primera necesidad, adquiridos con recursos propios de la comuna, los que se distribuirán a las familias ubicadas en los alrededores de la ciudad de Lambayeque, de acuerdo a padrones de personas en estado de vulnerabilidad con los que cuentan.
“Hay transparencia en este proceso, pues incluso se han adquirido más productos, como son paquetes de fideos y avenas. Ha habido un buen estudio de mercado, pues hay productos de menor precio a los del mercado. Es una compra distinta a la primera”, detalló.
El burgomaestre precisó que los víveres adquiridos cumplen con el precio del mercado, registro sanitario y el peso correspondiente.
Sobre el particular, el caso quedó a cargo de la fiscal Karin NInaquispe, quien recabó documentación y algunos productos para descartar posibles irregularidades en la compra.