La Policía Nacional pondrá en marcha un nuevo plan de lucha contra la criminalidad post COVID-19, que tiene como eje fundamental la reducción del delito y la sensación de inseguridad.
Se implementará progresivamente desde este lunes.
Esta estrategia, denominada Fortaleza 2020, tiene como elemento clave la participación activa de los ciudadanos y las autoridades locales.
Para ello reforzará la seguridad en esta fase de reactivación económica, y combatirá los hurtos y robos, así como el crimen organizado que opera mediante el sicariato, narcotráfico, minería ilegal, corrupción, cibercrimen y la producción y contrabando de medicinas.
Todo ello sin descuidar el control de las calles en esta etapa de emergencia sanitaria.
El ministro del Interior, Gastón Rodríguez, explicó que las distintas unidades trabajarán en tareas de inteligencia para fortalecer la prevención y enfatizó que el objetivo de su cartera es combatir el delito común, junto con los gobiernos locales.
El comando ha dispuesto la orden de alerta para 110 mil policías de 15 macrorregiones, 6 frentes policiales y dos regiones policiales (Lima y Callao) que cumplen labores operativas durante el estado de emergencia.
En agosto se sumarán a estas operaciones otros 5 mil policías y 180 oficiales.
La Policía, indicó Rodríguez, coordinará con los alcaldes para activar un sistema de seguridad, así como con el cuerpo de bomberos, la Fiscalía y las diversas comisarías y direcciones especializadas de la PNP.
"Este plan comprende un mayor patrullaje, shock focalizado, respuesta inmediata, plan cerco, patrullaje integrado y la colaboración estratégica de los vecinos", detalló el ministro.
Manifestó que en esta lucha también se emplearán herramientas transversales como las cámaras de videovigilancia públicas y privadas, el observatorio del delito y la criminalidad, el centro de comando, control de comunicación y cómputo, y la inteligencia operativa.
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El plan incluye mejorar la relación de los ciudadanos con la Policía, que tiene que adaptarse a estas nuevas estrategias y la gente tiene que colaborar con una nueva cultura de seguridad.
Por otro lado, Gastón Rodríguez coincidió con el ministro de Defensa, Walter Martos, y el presidente de la Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE), Álvaro Paz de la Barra, en que sería perjudicial que se levante el toque de queda en este momento en que todavía hay muchos casos de COVID-19.
"La vida social se desarrolla en horas de la noche, no en el día, y por eso sería perjudicial, en el sentido de que podría haber aglomeraciones y reuniones, y esto podría ampliar la cadena de contagios", dijo Rodríguez.
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Aclaró que la condición para extender la medida de restricción está supeditada al tema de salud pública y el toque de queda contribuiría a que la Policía y los gobiernos locales tengan una mayor capacidad en sus acciones de respuesta
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