Defensoría plantea descongestionar penales para evitar contagio con COVID-19

Los establecimientos penitenciarios atraviesan por una difícil situación debido a la presencia del coronavirus (COVID-19), que ha ocasionado la muerte de agentes e internos. “El hacinamiento constituye el principal hecho que afecta los derechos humanos de los privados de libertad”, señala la Defensoría del Pueblo en su Informe Especial n° 003-2020, sobre la situación de los reclusos en el contexto de la emergencia sanitaria.

Por este motivo, manifiesta la necesidad de emprender acciones urgentes que atiendan de forma rápida este problema, dado el grave riesgo de masificación del contagio en las correccionales.

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Recomienda la modificación al procedimiento de evaluación y concesión de las gracias presidenciales, a fin de atender los casos de internas e internos con sentencias menores a 4 años de pena, y los que se encuentran en situación vulnerable como: adultos mayores, enfermos, mujeres con hijos en cárcel, entre otros.

Asimismo, solicita ampliar las posibilidades de acceso a la conversión de pena siempre que se trate de delitos leves, bajo los mismos requisitos exigidos al día de hoy para la omisión de asistencia familiar.

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La Defensoría del Pueblo apunta a realizar cambios en la normativa que regula la prisión preventiva a fin de establecer que los jueces deben evaluar el impacto del COVID-19 en la salud de los inculpados.

Igualmente se sugiere que se faculte a la defensa pública a presentar pedidos de conversión de pena y cese de prisión preventiva en casos de personas vulnerables, siempre que se trate de delitos de bajo daño social. La institución considera imprescindible se mejore la regulación de la vigilancia electrónica y se subvencione su costo.