Lamsac: “Reducir la tarifa de peaje vulnera la seguridad jurídica de los contratos de concesión”

La concesionaria Lamsac anunció que apelará a la sentencia del Poder Judicial que la obliga a reducir la tarifa del peaje en el proyecto Línea Amarilla de S/ 5.70 a S/ 5.20, no obstante, mientras se resuelva su solicitud acatarán la orden y a partir de las 00:00 horas de mañana 15 de enero reducirán el cobro en 50 céntimos en todas las plazas que administran.

Explicaron que el reajuste anual de la tarifa de peaje es parte del contrato de concesión y que en el caso que exista alguna controversia, esta debe resolverse a través de un arbitraje internacional.

“Consideramos (que el fallo judicial es) contrario al régimen legal vigente y a la seguridad jurídica. (…) Este mandato violenta una orden previa del Tribunal Arbitral, la cual dispuso no afectar el status quo entre las partes. Es de recordar que dicho Tribunal tiene la jurisdicción exclusiva para resolver los temas tarifarios.”, indicaron.

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Esto en referencia al proceso arbitral que llevan con la Municipalidad de Lima. En este caso, los árbitros emitieron una medida cautelar que establece que, mientras no concluya dicho proceso, la tarifa de peaje que Lamsac debe cobrar es S/ 5.70.

“Es preocupante que el Estado Peruano desconozca una decisión válidamente emitida en un proceso arbitral, al declarar fundada la solicitud de la Procuraduría Ad Hoc. Desconocer una medida cautelar de un Tribunal Arbitral competente es como desconocer una sentencia de un juez, y genera responsabilidad en el Estado Peruano, la Municipalidad de Lima y aquellos funcionarios que la incumplan”, sostuvieron en un comunicado.

Lamsac volvió a reiterar que nunca han estado involucrados en ningún acto de corrupción, tal como lo consideró el juez Jorge Chávez Tamariz al calificar el reajuste de la tarifa como “ilegal” y fallar a favor de la Procuraduría Ad Hoc que investiga las presuntas irregularidades en el proyecto Línea Amarilla.

“Medidas como ésta, y otras recientes, atentan en contra de la inversión de buena fe de una empresa privada que llegó al Perú a finales de 2016, sin tener vinculación alguna con empresas brasileñas que aplicaron malas prácticas”, finalizaron.