El sur y sus conflictos socioambientales

Redacción Sur

De acuerdo al reporte de conflictos sociales de la Defensoría del Pueblo, en lo que va de 2019, se registraron 185 casos. Estos causaron estragos en Arequipa, Cusco, Moquegua y Tacna.

El conflicto que más atención ha generado este año es Tía María. El proyecto de la empresa Southern pretende ejecutarse en la provincia de Islay - Arequipa.

La oposición surgió por el temor de los agricultores de Tambo a que las operaciones de Tía María contaminen el aire y el agua del valle agrícola, ubicado a escasos kilómetros de la operación minera. Este conflicto tiene una larga data. El 2011 murieron cuatro personas en los enfrentamientos y en 2015 fallecieron tres.

Este año se encendió nuevamente la mecha, cuando el Ministerio de Energía y Minas aprobó la licencia de construcción del proyecto. Ante ello, la población inició una paralización indefinida el 15 de julio. Se tomó la vía de salida del puerto de Matarani y la Panamericana. Los enfrentamientos entre policías y civiles sumaban heridos cada día. La Cámara de Comercio de Arequipa estimó que diariamente se perdían S/ 25 millones por la paralización.

Elmer Cáceres, gobernador de Arequipa, se sumó a las críticas al Gobierno. Incluso, tras la entrega de la licencia, impulsó un proceso en el Consejo Nacional de Minería para anularla. No logró su objetivo, el Consejo ratificó la licencia. Ante ello, la semana pasada, la región recurrió al Poder Judicial con el fin de paralizar este proyecto de forma legal. Sin embargo, el conflicto está lejos de extinguirse, pese a que Southern ha indicado que no iniciará obras, hasta que la población lo apruebe.

Mesa de diálogo

En Moquegua, la población de Tumilaca, distrito de Torata, provincia de Mariscal Nieto, inició una paralización contra el proyecto Quellaveco en agosto. Acusan a la empresa Anglo American de contaminar el río con las obras de construcción de Quellaveco, un proyecto que demanda una inversión de US$ 5 300 millones.

Esta medida fue retomada en noviembre con la toma de vías. El Frente Único Regional de Defensa del Agua pidió paralizar las obras. Los agricultores de Tumilaca temen que sus cultivos sean afectados a futuro, porque esta mina se explotará en el cauce del río Asana, que es afluente de Tumilaca. Se lograron instalar mesas de diálogo, que concluirán en enero de 2020.

Corredor minero en rojo

El Corredor Minero del Sur fue en 2019 el escenario de protestas contra la gran minería. En las regiones Cusco y Apurímac, se produjeron bloqueos de vías y enfrentamientos con la policía.

En ambas zonas, hay tres grandes minas en explotación: Las Bambas, Constancia y Antapaccay. Asimismo, hay una cartera de diez proyectos (siete en territorio chanca y tres en la regional imperial) que representan una inversión de US$ 13 136 millones. Estas iniciativas deberían estar listas para empezar a operar en 2023 a más tardar.

La escalada de conflictos sociales empezó con la huelga de la comunidad campesina apurimeña de Fuerabamba (reasentada en Colquemarca, Cusco) entre marzo y mayo. El reclamo consistía en el pago de una compensación económica de parte de la minera MMG Limited, dueña de Las Bambas, por el uso de sus tierras para el traslado de los minerales que extrae de Challhuahuacho. El bloqueo impidió el paso de los camiones mineros y redujo la producción. Luego, se instaló una mesa de diálogo.

No fue la única vez que el corredor minero fue bloqueado. Comuneros del distrito de Mara, situado en Apurímac, también cerraron la vía en septiembre pasado. Reclamaban el pago de derechos de servidumbre por el uso de sus tierras y la compra de otras. Los afectados demandaron el pago de US$ 100 y US$ 200 por metro cuadrado (m²). El pedido se negocia en una mesa de diálogo.

Entre octubre y noviembre, los comuneros de los distritos de Colquemarca, Ccapacmarca y Velille, de la provincia de Chumbivilcas (Cusco), imitaron a sus pares apurimeños. Cerraron el paso a los camiones encapsulados por más de 20 días. Sus reclamos se revisan en una mesa de trabajo.

Hubo también protesta en la provincia de Espinar. Allí opera la mina Antapaccay de la empresa Glencore, que pretende la aprobación del proyecto Integración Ccoroccohuayco. Los comuneros de 13 comunidades originarias protestaron varias veces en el año, pedían que se aplique la consulta previa.

La Presidencia del Consejo de Ministros consiguió entablar diálogo con las comunidades. Actualmente, el Ministerio de Energía y Minas trabaja en el mecanismo para aplicar la consulta previa.