Arequipa: En 5 días se decide situación de la servidumbre de Pampa Cachendo

Fiorella Montaño Pastrana

Este domingo, el Gobierno Regional de Arequipa realizará un ritual de pago a la tierra en Lomas Cachendo, una zona ubicada entre Cocachacra y Mejía, declarada como ecosistema frágil. Uno de los argumentos en contra del proyecto minero Tía María es que se generaría un daño irreparable a la zona.

La ceremonia apunta a ser un festejo adelantado. Hasta el 20 de noviembre se debe definir si la Oficina de Ordenamiento Territorial del Gobierno Regional aprueba la solicitud de Southern para que les entreguen la servidumbre de Pampa Cachendo, una zona colindante a las lomas donde se instalarán algunos componentes para la explotación de Tía María.

Pese a que aún falta resolver esta solicitud, el asesor del gobierno regional, Walter Paz, dijo que se retirarán las casetas de seguridad que Southern instaló en caminos de Pampa Cachendo. La lógica es que mientras no se resuelva la servidumbre, estos terrenos siguen en la protección del gobierno regional.

Culmina plazo

Augusto Palaco, apoderado legal del Gobierno Regional de Arequipa, explicó que el gobernador Elmer Cáceres Llica firmó la Resolución Ejecutiva Regional 477-2019, que ordenaba se evalúe la solicitud presentada por Southern en el 2018. El tiempo establecido para que la Oficina de Ordenamiento Territorial emita una opinión es de 30 días hábiles. Este periodo concluye la próxima semana.

Como se recuerda, el 2018, cuando era gobernadora regional Yamila Osorio, se aprobó entregar la servidumbre de Pampas Cachendo a Southern. La municipalidad de Deán Valdivia apeló esta resolución. El pasado 25 de julio, el gobernador firmó la Resolución Ejecutiva Regional 375-2019, que aprobó la apelación y declaró inadmisible la solicitud. Luego corrigió esta resolución con la norma 477. Esta corregía el hecho de declarar inadmisible el pedido sin tener un informe técnico sustentatorio.

El informe debe ser emitido a más tardar el 20 de noviembre.

Denuncian a vocero Meza

Southern envió una carta notarial al dirigente Miguel Meza Igme y lo denunció ante la Fiscalía de Prevención del Delito por presuntamente incitar a la población a la toma de instalaciones de su campamento. La fiscalía instó al dirigente a respetar el orden público y no vulnerar los derechos de terceros.