Defensoría del Pueblo pide que Fiscalía investigue actos de tortura contra personas LGTBI

La Defensoría del Pueblo pidió al Ministerio Público, municipalidades y profesionales que investiguen y sancionen a quienes están detrás de las iglesias evangélicas y los centros psicológicos que garantizan el cambio de la orientación sexual mediante actos de tortura.

Según esta entidad, los responsables de los delitos que se cometen contra personas LGTBI emplean argumentos prejuiciosos, estigmatizantes y discriminatorios que carecen de sustento científico y se basan en creencias religiosas para atacar a esta comunidad.

“Estos actos constituyen actos de tortura, según lo han señalado expertos independientes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Comité de los Derechos del Niño y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, considerando que en 1990, la Organización Mundial de la Salud (OMS) retiró a la homosexualidad de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE), cuya última versión (CIE-11), ha despatologizado a las identidades trans”, se lee en el comunicado.

Percy Castillo, adjunto para los derechos y las personas con discapacidad de la Defensoría del Pueblo, comentó que el servicio que brindan estos centros transgreden la libertad y la integridad de las personas.

“Estas “terapias” atentan contra la autonomía, libertad, salud e integridad de las personas, al constituir una práctica injustificada y antiética que debe ser denunciada y sancionada de manera ejemplar”, afirmó.

La Defensoría del Pueblo también pidió al Colegio de Psicólogos del Perú y al Colegio Médico del Perú que empleen sus competencias para que sancionen a “quienes ejerzan indebidamente la profesión y discriminen a las personas LGBTI”.