Rodolfo Orellana: pagos de S/2.500 soles a 8.000 dólares por resoluciones judiciales de desalojo
Fiscalía determina que el intermediario para los pagos fue el exjuez supernumerario de la Corte de Lima, Edgar Cléver Briceño Cárdenas. Pagos le permitieron apropiarse fraudulentamente de 12 inmuebles en Lima Metropolitana.
El fiscal Elvis Suárez Ferrer logró establecer que el detenido empresario de bienes raíces Rodolfo Orellana realizaba pagos de 2.500 soles hasta 8.000 dólares por cada resolución judicial de admisión de demanda, posesión, desalojo o ministración que emitían a su favor 10 juzgados de paz letrado de Lima Metropolitana.
De esta manera, entre abril de 2012 a junio de 2013, logró convalidar laudos arbitrales y compraventas fictivas que lo convirtieron en propietario de 12 inmuebles, que, luego de ser registrados en la Sunarp por el exregistrador Pedro Guzmán Molina, eran ofertados al mejor postor en el mercado inmobiliario de Lima, como bien adquirido legítimamente.
Elvis Suárez logró identificar que el intermediario para dichos pagos fue el abogado y exmagistrado de la Corte Superior de Lima, Edgar Cléver Briceño Cárdenas. Este sujeto aparecía en las planillas de pago de la 'bóveda' de las coimas de la red Orellana, bajo la clave B-09.
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Rodolfo Orellana: la 'bóveda' de las coimas
La 'bóveda' fue creada en el 2009 por Ludith Orellana para registrar, con clave secreta, a los integrantes de la organización, los proyectos de apropiación de inmuebles en los que estaban “trabajando” y contabilizar el pago de coimas a funcionarios públicos, que se realizaban en cada caso.
Las claves o códigos secretos eran asignados por la señora Miriam Valcarcel, conocida como 'Sra. Mi'. En tanto, cada pago y salida del dinero era autorizado por Rodolfo Orellana, quien utilizaba la clave O-02.
“Edgar Clever Máximo Briceño Cárdenas era abogado externo del estudio Orellana, coordinaba con el Sr. Rodolfo Orellana y con los abogados de diferentes áreas. Tenía contactos en el Poder Judicial y se encargaba de conseguir resoluciones favorables de desalojos a favor del estudio Orellana. Por dicho fin, recibía sumas de dinero que le eran entregados personalmente por las cajeras con autorización de Rodolfo Orellana”, según la declaración del testigo en reserva 11.
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Luego, el testigo en reserva 10 relató: “Briceño Cárdenas indicaba a qué juzgado se dirigía las demandas, ya que siempre se ingresaban a los juzgados en los que Clever Briceño tenía alguna amistad, asegurando la expedición de la resolución de desalojo mediante ofrecimiento de una suma de dinero al magistrado respectivo”.
"El relato de los hechos de cohecho activo específico continuado realizados por Edgar Clever Máximo Briceño Cárdenas por encargo de Rodolfo Orellana Rengifo, la ejecución delictiva de los encausados han seguido un mismo patrón, un mismo modus operandi, abusando el primero de su condición de exmagistrado del Poder Judicial y el segundo de ser abogado y dueño del estudio jurídico Orellana", para apropiarse de 12 inmuebles entre los meses de abril de 2012 hasta junio de 2013.
La extrabajadora del estudio Orellana, Sandy Cosio Hohagen, declaró que "a Edgar Clever Máximo Briceño Cárdenas lo ha visto en las oficinas de la avenida Guardia civil en los años 2012 a 2013, se reunía con Rodolfo Orellana, Ludith Orellana y coordinaba con los abogados del estudio que ellos disponían. Entiende que se valía de ciertos contactos que tenía en los Juzgados de Paz Letrados de Magdalena, Huaycán y Ventanilla para poder sacar adelante los procesos (por ejemplo, desalojos) planteados por los hermanos Orellana en la ejecución de sus estrategias de saneamiento de inmuebles, entre ellos, el caso Coopemar, inmueble ubicado en el distrito de Ventanilla y esto lo sabe porque Ludith Orellana así lo expresaba en las reuniones con el área de saneamiento".
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Los pagos
La Fiscalía ha seguido el rastro y logró establecer el pago de coimas en los trámites judiciales de apropiación, en el caso Las Llamozas de cinco lotes en la urbanización Lotización el Club, primera etapa, en Lurigancho. Al respecto, Edgar Briceño ofreció un donativo al juez del Juzgado de Paz Letrado de Huaycán, abogado Luis Enrique Chira Ascurra, el 17 de mayo del 2012, para que aprobara la demanda de transacción extrajudicial simulada; asimismo, ordenará la posesión y ministración de los inmuebles a favor del testaferro de la red Orellana, Fredy Melgarejo Valverde.
Conforme a la planilla de las coimas, una vez que el juzgado emitió las resoluciones a favor del estudio Orellana, Briceño recibió 2.500 dólares el 15 de junio de 2012, fecha en la que el juzgado declaró fundada la demanda, y 7.860 soles el 16 de agosto del 2012, a los 10 días que se ordenara la ministración del inmueble.
En el inmueble del malecón Armendáriz, donde funcionaba la Casa del Adulto Mayor que perteneció a la Cooperativa de Servicios Múltiples de Empleados Civiles de la Marina (Coopemar), Edgar Briceño ofreció una dádiva al juez Luis Chira, del juzgado de Huaycán, para que declare fundada la demanda para tomar posesión y administración.
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Respecto a este caso, se tiene que al emitirse la Resolución n.° 01 el 6 de noviembre del 2012, Briceño recibió 5.000 dólares y, dos días después, otros 8.000 dólares. En tanto, una vez que el Tercer Juzgado de Paz Letrado de Barranco y Miraflores ejecutó la toma de posesión, Briceño volvió a recibir 3.000 dólares que se supone entregó a sus contactos en el Poder Judicial.
Estos pagos se repitieron en los inmuebles de Parinacochas (de la señora María Pacheco de Vizcarra y su hija Eliete Vizcarra Zevillano), Paseo el Bosque (de Gilberto Orozco y su hija Miriam Orozco), La Concordia (de Carola Canales Cayo y hermanos), el Complejo Turístico Mamacona, el terreno el Refugio del Ministerio de Educación, los inmuebles Mizaico (de Moisés Mizaico), Oviedo (de Luz Salazar Gómez) y Barranco (de Rosa Mendizabal Torres).
Por estos hechos, la Fiscalía ha pedido una condena de 10 años y 8 meses de prisión para Rodolfo Orellana y para el abogado Edgar Cléver Briceño Cárdenas, una pena de 9 años, 9 meses y 10 días de prisión efectiva, más la inhabilitación para ejercer cargo público por el mismo periodo de tiempo.
