Sada Goray: estos fueron los argumentos de la Fiscalía para pedir 36 meses de prisión preventiva

El titular del Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional del Poder Judicial retomó este lunes 24 de julio la audiencia del pedido de 36 meses de prisión preventiva contra Sada Goray, quien es investigada por el presunto delito de colusión agravada en vulneración del Estado. El encargado de sustentar la solicitud judicial contra la empresaria fue el fiscal Julio Ormeño.

Razones fiscales

El magistrado Ormeño empezó su discurso explicando que un colaborador eficaz le contó que la madre de Sada Goray adquiría "números telefónicos internacionales" que luego eran repartidos a los "socios de la empresaria". Tal sería el caso del congresista de Acción Popular, Darwin Espinoza.

Para la Fiscalía, Sada Goray Chong debería cumplir prisión preventiva porque ha presentado señales de incurrir en "peligro de fuga y peligro de obstaculización".

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Como se recuerda, la empresaria habría integrado "la ruta del pacto colusorio" que operó dentro del Ministerio de Vivienda mientras Geiner Alvarado era el titular de dicha cartera durante la gestión de Pedro Castillo.

Comunicación internacional

Julio Ormeño Peves, fiscal adjunto provincial provisional del caso que enfrenta Sada Goray e integrante del Equipo Especial contra la Corrupción en el Poder, ha señalado el testimonio de un colaborador eficaz afirmó que la empresaria y su madre compraban "números internacionales" para ejecutar "actividades delictivas".

“Para comunicarse con sus socios y realizar actividades comerciales y delictivas utilizaba números telefónicos internacionales comprados por ella o su madre en EE. UU., los cuales cambiaba frecuentemente. Cada vez que viajaba al Perú traía teléfonos con números internacionales activados", dijo el representante del Ministerio Público.

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Inclusión del legislador Darwin Espinoza en el caso

La teoría fiscal añade un personaje más vinculado al posible actuar delictivo de Sada Goray y este sería un parlamentario de Acción Popular.

"Estas líneas eran entregadas por Sada Goray a las personas con las que hacía sus distintos negocios, entre ellas el congresista Darwin Espinoza, Luis Mesones, entre otros”, manifestó Ormeño.

La organización criminal

El fiscal Ormeño Peves agregó que Sada Goray habría cumplido misiones importantes en una organización criminal que se desarrollaba en el Ministerio de Vivienda, por lo cual debía ser recluida provisionalmente.

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"Se le ha asignado un rol de función en la organización criminal: como integrante, coordinadora y operadora. Por tanto, se cumpliría este presupuesto", explicó el representante del Ministerio Público.

Sin arraigo domiciliario

Para la Fiscalía que investiga el caso, Goray Chong no cuenta con arraigo domiciliario porque se le encontraron hasta cuatro domicilios: uno en Trujillo y otro en Santiago de Surco. Las otra dos viviendas pertenecen al extranjero y se ubican en Estados Unidos y Panamá.

“Tiene facilidades para abandonar el país ya que cuenta con dos domicilios en el extranjero. Sumado a esto se encuentra en su poder un pasaporte vigente donde están inscritas dos visas: una de Estados Unidos y otra de República de Panamá”, dijo Ormeño.

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Otro motivo que sustentaría la prisión preventiva es que su hija, de 18 años, reside en la casa del Golf Los Incas; mientras que Goray lo hace en Estados Unidos.

“Las personas dependientes de ella no se encuentran viviendo con ella”, enfatizó Ormeño, quien a su vez precisó que Luis Mesones, padre de sus hijas, se encuentra no habido tras el inicio de las investigaciones del caso.

Sin arraigo laboral

El magistrado Ormeño Peves también fue contundente en alegar que Sada Goray no tiene arraigo laboral en el Perú.

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El motivo principal es que ella renunció en noviembre de 2022 a la gerencia y a todas las empresas vinculadas a Marka Group; además, de haber traspasado su porcentaje de acciones a sus otros dos accionistas. Siendo así, ella está desvinculada de dichas empresas.

“No cuenta con arraigo laboral en el país, sus acciones y participaciones en la empresa Marka Group son totalmente nulas y el patrimonio con el que ella contaba, en este caso, la casa ubicada en el Club Golf Los Incas no se encuentra a su nombre sino en un fideicomiso, por lo que no tiene arraigo laboral”, expuso el representante del Ministerio Público.

Es preciso mencionar que el fiscal Ormeño acusa a la empresaria de ser "cómplice primaria de delito contra la administración pública en modalidad de colusión simple y colusión agravada". Estos delitos se sancionan con una "pena no menor de 15 años ni mayor de 16 con 6 meses".