Fiscal que vio el caso Ayala: los marinos nos botaron con disparos

Tras 39 años de la desaparición del corresponsal en Huanta del diario La República, Jaime Ayala Sulca, el fiscal que investigó su caso, Simón Palomino Vargas, relató que en esos años los efectivos de la Marina tenían todo el poder en dicha provincia ayacuchana, y le impidieron realizar las diligencias para buscar al periodista.

Palomino fue fiscal provincial en Huanta entre 1983 y 1987, tiempo en el que recibió numerosas denuncias sobre detenciones cometidas por las fuerzas del orden, entre ellas la del secuestro de Ayala el 2 de agosto de 1984, después de ingresar a la base de la Marina, acantonada en el estadio municipal.

Le tocó hacer las diligencias preliminares. “Recuerdo haber ido el mismo día en el que ingresó Jaime al cuartel de la Marina… Fuimos con el periodista Carlos Abilio Arroyo. Me identifiqué como fiscal ante los que estaban en la puerta, y dijeron que esperara”, contó Palomino ante los magistrados de la Sala Penal Especializada que investiga las violaciones a derechos humanos cometidas en Huanta en 1984.

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Agregó que esperaron entre 15 y 30 minutos, tras lo cual les indicaron que se retiren. “Yo insistí y le dije: Vengo para ingresar y buscar a Jaime, que ha ingresado voluntariamente. Y salieron con disparos de bala”, dijo.

El entonces fiscal no pudo avanzar en las diligencias porque su vida también corría peligro. “Tuvimos que retirarnos y dar el informe correspondiente al fiscal superior de Ayacucho”, detalló.

Indicó que envió entre 5 y 6 oficios a la Marina sobre la detención del periodista de La República, pero negaron que hubiera ingresado a dicha base militar. Sostuvo que no volvió a intentar ingresar a la base porque no había garantías. “El fiscal no estaba entra la espada y la pared, sino entre dos espadas”, afirmó.

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Recalcó que la consigna de los jefes militares fue que ningún fiscal ingrese al cuartel. Añadió que había toque de queda y las calles eran controlada por los marinos.

Días después, Palomino participó en las diligencias cuando se encontraron las fosas de Pucayacu, donde se encontraron 50 cuerpos desnudos y con huellas de tortura.

Revelaciones

También declaró Juan Camborda, quien era administrador de radio La Voz de Huamanga y corresponsal de El Comercio. Manifestó que conoció a Ayala, con quien intercambiaba información de las acciones terroristas, así como de las Fuerzas Armadas, como toques de queda o detenciones, cuando no tenían que trasladarse entre Huanta y Huamanga.

Refirió que Ayala tenía información que desmentía la versión oficial del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas sobre la muerte de seis evangélicos en Callqui. Emitieron un comunicado diciendo que eran terroristas y fueron abatidos en un enfrentamiento con las fuerzas del orden, pero Ayala quería revelar que no fue así.

Nuevas diligencias

El abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), Juan José Quispe, que representa a la familia de Jaime Ayala, destacó la importancia de estos testimonios, pues evidencian la actitud de los militares, que negaron la detención del corresponsal de La República, impidieron el ingreso al fiscal que realizó las investigaciones preliminares, y contaron que la población vivía en una situación de constante temor por las detenciones que hacían los marinos.

Remarcó que, además, se presentaron testigos que indicaron que en agosto, cuando desapareció Ayala, en las intervenciones los marinos les preguntaban por el periodista. “Eso han declarado sus dos vecinos, que han dicho que se dedicaba a publicar las noticias tanto de las actividades subversivas como la que realizaba la Marina en Huanta”, dijo.

Asimismo, informó que en vista que los magistrados no pudieron viajar por temas administrativos del Poder Judicial, se va a programar una nueva itinerancia para fines de agosto para recibir los testimonios pendientes y realizar cuatro diligencias de inspección judicial.