Jueces definirán la situación legal de la fiscal Zoraida Ávalos

En manos de los jueces. La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, formalizó cargos penales contra la inhabilitada fiscal suprema Zoraida Ávalos Rivera por supuesta omisión y retardo en la investigación al expresidente Pedro Castillo, por presuntos actos de corrupción.

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De acuerdo con fuentes judiciales, la denuncia fue presentada al despacho del juez supremo de investigación preparatoria Juan Carlos Checkley Soria, antes de que se reúna la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia para pronunciarse sobre su situación legal.

Los jueces supremos titulares se reunieron a partir de las 3:30 de la tarde. Tras discutir ampliamente por cerca de una hora, por mayoría decidieron no emitir ningún pronunciamiento. La mayoría de supremos consideró que cualquier comunicado podría interpretarse como un adelanto de opinión, ante la judicialización de su caso.

Un grupo de jueces supremos había solicitado la reunión de Sala Plena al considerar que la decisión del Congreso de inhabilitar a Ávalos afecta la independencia de criterios del sistema judicial. El pronunciamiento de la Sala Plena no afectaba la situación legal de la fiscal suprema y exfiscal de la Nación.

Pero sí habría generado incomodidad al poder político.

De acuerdo con la Constitución, una vez que el Congreso aprueba una denuncia constitucional, la fiscal de la Nación debe proceder a formular los cargos ante el Poder Judicial, sin variar ni la calificación jurídica ni ninguno de los detalles. El juez supremo de investigación preparatoria debe hacer lo mismo, con lo cual se da por iniciado proceso judicial.

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Proceso

El Congreso de la República acusa a la exfiscal de la Nación de retardar y omitir sus funciones al no haber iniciado investigación al expresidente Pedro Castillo, inmediatamente se revelaron presuntos actos de corrupción en los casos Puente Tarata, Biodiesel y Ascensos militares.

Zoraida Ávalos argumenta, con documentos en mano, que sí cumplió con investigar a Castillo y su entorno, para lo cual incluso cambio los precedentes del Ministerio Público, pues nunca antes se había investigado a un mandatario en el ejercicio de sus funciones.

En este sentido, una vez que se ha iniciado el proceso judicial, la defensa de Ávalos puede presentar un recurso para que los jueces dispongan que no existe delito y que los cargos atribuidos por el Congreso son imposibles.

Dicho recurso lo puede presentar ante el juez Checkley. Una vez que él se pronuncie, las partes pueden formular apelación ante la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia, que tendrá decisión definitiva.

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Por eso, por mayoría, los jueces supremos titulares se abstuvieron de pronunciarse y defender la independencia judicial.

La Sala Plena de la Suprema se divide

Los 19 jueces supremos titulares no lograron encontrar consenso para defender los principios democráticos de separación de poderes e independencia del fuero judicial, como bases de todo régimen democrático.

La mayoría optó por guardar silencio frente al poder político del Congreso de la República, de acuerdo con fuentes judiciales, por temor a sufrir las mismas consecuencias que Zoraida Ávalos.

La salida fue evitar un posible adelanto de opinión en materia penal y constitucional.