El Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional anuló la acusación fiscal en la que se pidió de 35 años de prisión contra el expresidente Pedro Pablo Kuczysnki (PPK) por el presunto delito de lavado de activos en el caso Westfield Capital (Odebrecht). El tribunal a cargo de Jorge Chávez Tamariz declaró fundada la tutela de derechos planteada por la defensa de PPK (nulo todo lo actuado), motivo por el cual el proceso volvió a la etapa de la indagación preliminar y la Fiscalía deberá realizar una nueva pericia financiera y contable.
"Declarar fundado el pedido de la defensa técnica de Pedro Pablo Kuczysnki, en consecuencia nulo todo lo actuado, retrotrayéndose hasta la investigación preliminar para que la Fiscalía y el Equipo Especial culminen la pericia contable y financiera, así como otras diligencias", expuso el magistrado Jorge Chávez Tamariz.
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Al respecto, la Fiscalía presentó un recurso de apelación contra la decisión del juez. Desde el Equipo Especial de Lava Jato mostraron su descontento porque consideran que hubo un exceso al declarar fundada la tutela de derechos a favor de PPK.
De acuerdo con el requerimiento acusatorio del fiscal José Domingo Pérez, compuesto por 29 cuadernos y 5.668 folios, durante la indagación se obtuvieron 144 elementos de convicción que probarían que Kuczynski montó una organización criminal para aprovechar los cargos públicos y obtener beneficios ilícitos mediante supuestas “asesorías” a la constructora brasileña Odebrecht.
El fiscal también acreditó a 128 elementos de convicción contra el exsocio de Kuczynski, el chileno Gerardo Sepúlveda Quezada; 32 contra su exsecretaria Gloria Kisic Wagner; y 121 contra su exchofer José Bernaola Ñufflo.
En el detalle se le atribuye a Sepúlveda, Kisic y Bernaola haber participado del esquema de corrupción que organizó Kuczynski con la finalidad de presuntamente lavar alrededor de US$12 millones, producto de asesorías con Odebrecht para los proyectos IIRSA Sur 2 y 3; Trasvase de Olmos; Rutas de Lima y Transportadora de Gas del Perú.
“En tanto, como líder de la organización, (Kuczynski) manejaba información privilegiada, ocupó cargos públicos en el Perú e instruía a Gerardo Sepúlveda a suscribir contratos y/u otros documentos vinculados con asesorías financieras en representación de Westfield Capital”, relata el fiscal Pérez en el requerimiento acusatorio. La compañía mencionada es propiedad de Kuczynski, la misma que administraba Sepúlveda cuando este asumía cargos públicos.