Fiscal presentó 144 elementos de convicción para sustentar acusación de lavado contra PPK

La defensa del exmandatario, ex primer ministro y exministro de Economía, Pedro Pablo Kuczynski, afirma que no existe ninguna prueba que demuestre que el imputado lavó dinero de presunto origen ilícito. Según el requerimiento acusatorio del fiscal José Domingo Pérez, compuesto por 29 cuadernos y 5.668 folios, durante la indagación se obtuvieron 144 elementos de convicción que probarían que Kuczynski montó una organización criminal para aprovechar los cargos públicos y obtener beneficios ilícitos mediante supuestas “asesorías” a la constructora brasileña Odebrecht.

Pérez también acreditó a 128 elementos de convicción contra el exsocio de Kuczynski, el chileno Gerardo Sepúlveda Quezada; 32 contra su exsecretaria Gloria Kisic Wagner; y 121 contra su exchofer José Bernaola Ñufflo. El fiscal atribuye a Sepúlveda, Kisic y Bernaola haber participado del esquema de corrupción que organizó Kuczynski con la finalidad de presuntamente lavar alrededor de US$12 millones, producto de asesorías con Odebrecht para los proyectos IIRSA Sur 2 y 3; Trasvase de Olmos; Rutas de Lima y Transportadora de Gas del Perú.

“En tanto, como líder de la organización, (Kuczynski) manejaba información privilegiada, ocupó cargos públicos en el Perú, e instruía a Gerardo Sepúlveda a suscribir contratos y/u otros documentos vinculados con asesorías financieras en representación de Westfield Capital”, relata el fiscal Pérez en el requerimiento acusatorio. Westfield Capital es una compañía de propiedad de Kuczynski que administraba Sepúlveda cuando este asumía cargos públicos.

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“(Kuczynski) disponía el manejo de sus cuentas personales y de sus empresas a los demás miembros de la organización (entre ellos Gloria Kisic Wagner). Y era el encargado de conseguir las asesorías para que por medio de su organización se ejecuten y de este modo hacerse de ingentes sumas de dinero, las que sirvieron para la adquisición de bienes inmuebles, algunos para las campañas políticas de 2011 y 2016 y diversos pagos. Respecto a José Bernaola, el líder de la organización criminal dispuso que recaude sumas de dinero para ejecutar ciertos pagos en el periodo 2007 a 2015”, precisó el fiscal Pérez.

La defensa de Kuczynski niega estas imputaciones y sostiene que mucho antes de dedicarse a la función pública, el exministro acumuló dinero producto de su exitosa carrera profesional privada en las finanzas, por lo que era ajeno a prácticas ilícitas. Respecto al caso de Gerardo Sepúlveda, la Fiscalía refiere que “era el encargado de ejecutar las asesorías financieras, a nombre de las empresas Westfield Capital Limited y/o First Capital Inversiones y Asesorías (que controlaba Sepúlveda), mientras el líder de la organización (Kuczynski) permanecía detrás manejando la escena por la posición que ostentaba dentro del Ejecutivo”.

Según la hipótesis fiscal, Kuczynski aprovechaba su posición en el Estado para influir a favor de los proyectos de Odebrecht, que presuntamente la constructora retribuía mediante pagos por “consultorías financieras” por intermedio de Westfield Capital Limited y First Capital Inversiones y Asesorías. Era de tanta confianza Sepúlveda, que administraba una cuenta de Kuczynski, con la que adquirió un inmueble. “Sepúlveda fue la persona quien manejó la cuenta bancaria de la empresa Dorado Asset Management; fungiendo esa condición ordenó la adquisición de un inmueble en Cieneguilla”, señala el requerimiento del fiscal José Domingo Pérez.

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En el caso de la exsecretaria de Kuczynski, Gloria Kisic Wagner, se indica que conocía del origen de los fondos imputados y que fue parte de la conspiración para ocultar el origen maculado de los fondos que manejaba su exjefe. “Era la encargada de administrar la cuenta maestra —Banco de Crédito del Perú— del líder de la organización (Kuczynski), con quien tenía una cuenta mancomunada. Además, se encargaba de informar a Kuczynski sobre el estado de cuenta respecto a los ingresos y egresos de la misma, y efectuar pagos para que la organización cumpliera con sus fines”, sustentó el fiscal Pérez.En cuanto al exchofer de Kuczynski, José Bernaola Ñufflo, también se le atribuye haber facilitado las presuntas actividades ilícitas de Kuczynski, quien lo consideraba un servidor de extrema confianza.

“(Bernaola) era un integrante de la organización criminal que ha participado en la recepción de diversas sumas de dinero ilícito entre 2007 y 2015. En los primeros meses de 2011 fue destinatario de 4 cheques con ingentes sumas de dinero”, explica el fiscal Pérez en el requerimiento acusatorio. Por la gravedad de estos hechos, el fiscal señala que la pena que les corresponde a cada uno son de 34 años de prisión efectiva por el delito de lavado agravado.

“Pérez no ha presentado ni un solo testigo”

“El fiscal José Domingo Pérez no ha presentado un solo testigo, no existe un solo colaborador eficaz y ningún investigado ha sindicado al expresidente Kuczynski de algún acto de corrupción”, arguyó el abogado del exjefe de Estado, Julio Midolo Chirinos.

“Después de 6 años de investigaciones, al no haber encontrado ninguna prueba que acredite la responsabilidad de Pedro Pablo Kuczynski por algún tema de corrupción, lo que ha hecho el fiscal es dividir el caso en 7 hechos con la intención evidente de sumarle las penas, acusándolo de lavado de activos y organización criminal, pidiendo una pena desproporcionada de 35 años de prisión”, expresó Midolo.

“La solicitud de pena del fiscal para Kuczynski nos llama la atención y consideramos que existe un ensañamiento contra el expresidente Kuczynski”, apuntó el abogado defensor.

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