La expresidenta del Consejo de Ministros Betssy Chávez Chino deberá responder ante la justicia por la presunta contratación irregular de personas allegadas, sin cumplir los requisitos de ley, en su despacho de congresista y ministra de Trabajo, entre octubre del 2021 y mayo del 2022, y de Cultura, entre agosto y noviembre del 2022.
Por este presunto hecho delictivo, la fiscal de la Nación Patricia Benavides presentó denuncia constitucional contra Chávez ante el Congreso de la República por los delitos de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo y tráfico de influencias agravado.
Las indagaciones comenzaron en diciembre del 2022, luego de que se conociera que en el Ministerio de Cultura había favorecido a familiares del comerciante Abel Sotelo, con quien mantenía una relación sentimental.
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Flor de María Sotelo Villa, la hermana de Abel Sotelo, fue contratada como auxiliar en el despacho parlamentario de Betssy Chávez, con un sueldo de 2.598 soles mensuales, un mes después de graduarse como bachiller en Derecho en la Universidad Privada de Tacna.
Chávez también estaría detrás del nombramiento de Antonio Sotelo, como representante del Ministerio de Trabajo, ante el Consejo Nacional del Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial (Senati), el 12 de enero del 2022.
Ella firmó la resolución ministerial que lo nombra en ese cargo. Previamente, Antonio Sotelo trabajó como asistente en el despacho de Chávez.
Cuestionada. Chávez habría cometido irregularidades cuando fue ministra de Trabajo y Cultura. Foto: Presidencia
Posteriormente, se conoció que otras 14 personas conocidas de la congresista en la ciudad de Tacna lograron contratos en el Estado días después de visitarla en su despacho del Congreso o en el Ministerio de Trabajo.
Betssy Chávez negó las denuncias públicas de estos hechos. “Recalco que ningún familiar mío cercano o lejano ha sido beneficiado con designación de ningún tipo. De igual manera, todas las contrataciones efectuadas en mi despacho congresal han sido debidamente filtradas por las oficinas de Recursos Humanos del Congreso de la República y se enmarcan en la ley”, aseguró en un comunicado.
Sin embargo, las pesquisas realizadas por el despacho de la fiscal de la Nación Patricia Benavides encontraron diversos elementos que confirmarían que la intervención de Chávez Chino fue vital para que estas personas obtengan contratos de servicios en el Estado.
Todos esos elementos han sido puestos en conocimiento del Congreso para que luego del antejuicio político se autorice el procesamiento judicial de la última presidenta del Consejo de Ministros del Gobierno del expresidente Pedro Castillo.
El Congreso ya aprobó una denuncia constitucional contra Betssy Chávez y la suspendió en el ejercicio del cargo, por delitos de rebelión y conspiración, por su participación en el frustrado golpe de Estado que protagonizó el detenido expresidente Pedro Castillo.
El caso de rebelión ya se judicializó ante el despacho del juez supremo Juan Carlos Checkley, mientras que las investigaciones que incluyen al expresidente Castillo y otros ministros de Estado continúan en la Fiscalía.