La Procuraduría General del Estado sí podrá formular preguntas a la presidenta Dina Boluarte y al primer ministro, Alberto Otárola, por los miles de heridos y decenas de fallecidos en las protestas antigubernamentales que iniciaron el 7 de diciembre de 2022, día en que el Congreso vacó al exmandatario Pedro Castillo.
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Así lo dispuso el juez supremo Juan Carlos Checkley, del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, tras resolver un pedido de aclaración planteado por la Procuraduría.
"Respecto a la participación de la parte agraviada durante el desarrollo de las declaraciones de imputados en la etapa preliminar, el agraviado puede formular preguntas a través del órgano legitimado conforme al artículo 88, inciso 3, del Código Procesal Penal", se lee en el fallo al que accedió La República.
El artículo citado por Checkley dice: "Luego se interrogará al imputado. En la etapa preparatoria, lo harán directamente el fiscal y el abogado defensor". Es decir, la Procuraduría, así como la defensa legal de los deudos de las víctimas, podrá plantear interrogantes a Boluarte y Otárola a través del representante del Ministerio Público.