Procuraduría advierte que Otárola ha sido interrogado solo por la Fiscalía en investigación por genocidio
Por ello, piden al PJ, vía tutela de derechos, anular la declaración del primer ministro. Juzgado programó audiencia para el jueves 2 de marzo.
La Procuraduría General del Estado presentó una tutela de derechos ante el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo del juez supremo Juan Carlos Checkley, para anular una declaración del primer ministro Alberto Otárola ante la Fiscalía en el marco de la investigación por genocidio, homicidio calificado y lesiones graves. En dicha diligencia también está incluida la presidenta Dina Boluarte y otros ministros.
Se busca anular exactamente el interrogatorio del 16 de febrero, segundo al que se somete Otárola en la sede del Ministerio Público. La primera oportunidad en la que el presidente del Consejo de Ministros acudió a la Fiscalía de la Nación a rendir cuentas por este caso fue el 23 de enero.
Fuentes de La República afirman que la Procuraduría pudo participar en la sesión del 23 de enero, pero no fue invitada a la audiencia del 16 de febrero. Es decir, no se le permitió a la entidad que preside Daniel Soria, que representa los intereses del Estado, plantear preguntas a Otárola Peñaranda.
“Eso es grave e inusual. No los han citado cuando el Estado es el agraviado por estos delitos”, advirtieron las fuentes. “No les han permitido entrar, no han querido que los procuradores ni firmen el acta de inconcurrencia”, agregaron.
El juez supremo Checkley programó la audiencia para la vista del recurso para el jueves 2 de marzo, a partir de las 11.00 a. m.
El caso
E l 10 de enero, la Fiscalía de la Nación abrió la investigación preliminar contra la presidenta Dina Boluarte, el premier Alberto Otárola y el ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta, por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves. Dichos ilícitos habrían sido cometidos durante las manifestaciones antigubernamentales de diciembre de 2022 y enero de 2023 en Apurímac, La Libertad, Puno, Junín, Arequipa y Ayacucho.
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Las diligencias también incluyen al exjefe del gabinete Pedro Angulo y los exministros del Interior Víctor Rojas y César Cervantes.