Proceso. El Poder Judicial concedió un recurso de apelación, interpuesto por la defensa del expresidente golpista Pedro Castillo, contra la resolución que declaró infundada la cuestión previa solicitada en investigación en su contra por el presunto delito de rebelión, lo que llevó a que Castillo Terrones cumpla 18 meses de prisión preventiva en el penal de Barbadillo a raíz del fallido golpe de Estado que intentó perpetrar el 7 de diciembre.
En efecto, fue el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo del juez supremo Juan Carlos Checkley, que decidió admitir la apelación en favor de Pedro Castillo, que busca evitar que se siga con la investigación por los presuntos delitos de rebelión, conspiración, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública.
De acuerdo a las redes del Poder Judicial, el magistrado “dispuso elevar la referida impugnación a la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República para los fines pertinentes”.
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Anteriormente, el mismo Juan Carlos Checkley declaró infundada la cuestión previa planteada por la defensa de Pedro Castillo, que sostenía que no existía el proceso de antejuicio político que permitiera levantar la inmunidad presidencial para poder detenerlo en el momento en que se dirigía, junto a su familia, a la embajada de México.
Checkley denegó la solicitud del exmandatario al considerar que su derecho a la defensa no se habría afectado, sino que “no se presentaba el supuesto de hecho estricto que habilitaba un procedimiento de acusación constitucional en los términos del artículo 89° del Reglamento del Congreso”.
Según el argumento fiscal, Pedro Castillo fue detenido en flagrancia delictiva, lo que se sumaría “a la urgencia de evitar que pueda escapar de la justicia” y que el trámite de antejuicio político “no está diseñado” para el tipo de delito.
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El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) inició un nuevo proceso disciplinario contra Pedro Castillo por dar una entrevista al medio El Salto de España desde el centro penitenciario de Barbadillo.
Asimismo, la institución precisó que "cuenta con un procedimiento de autorización de entrevistas de internos para medios de comunicación, el cual no ha sido solicitado por dicho medio".
"El INPE ha iniciado un segundo procedimiento administrativo disciplinario considerando el marco normativo y las disposiciones que regulan la disciplina al interior de los establecimientos penitenciarios", expresó en sus redes sociales.
Con 19 votos a favor, 9 en contra y una abstención, la Comisión Permanente del Congreso aprobó acusar a Pedro Castillo por los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión en agravio del Estado.
La medida contra el expresidente se da por la denuncia constitucional que interpuso la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, contra Castillo Terrones por las irregularidades en los casos de Puente Tarata II, Petroperú y Ministerio de Vivienda.
Esta acusación también recae en los exministros Juan Silva y Geiner Alvarado, quienes se desempeñaron durante la gestión del exmandatario y que se encuentran comprendidos en las investigaciones de la Fiscalía por presuntos actos de corrupción.