El juez de investigación preparatoria nacional Leodán Cristobal Ayala desestimó los pedidos de prisión preventiva que la fiscalía presentó contra el excomandante general de la Policía, general (r) Javier Gallardo Mendoza, el mayor (r) Luis Ángel Tuesta Ramos, el general Luis Enrique Legua Egocheaga y el suboficial Jorge Tarillo Gálvez al no encontrar elementos suficientes del peligro procesal de fuga o de obstaculización de las investigaciones.
Sobre el general PNP Luis Enrique Legua Egocheaga, el magistrado subrayó que los elementos presentados por la fiscalía no son suficientes para establecer ni su pertenencia a la organización criminal ni con el delito de cohecho. Anotó que la fiscalía le atribuye haber brindado protección a la organización y favorecer a las empresas, pero no se establece a quién protegió y a quién favoreció.
En tanto, si bien sobre Gallardo, Tuesta y Tarrillo si se presentaron elementos de su pertenencia a una organización criminal, el juez explicó que los tres tienen arraigo familiar y laboral que descarta la sospecha de que puedan fugar del país. Tampoco se presentaron, dijo, indicios concretos de que intenten perturbar las investigaciones, más allá de su relación con la Policía Nacional.
Los mencionados investigados se encontraban cumpliendo detención preliminar desde fines de diciembre, por lo que al concluir la audiencia de lectura de la decisión judicial, los cuatro recuperaran la libertad. El juez del 6to Juzgado de investigación preparatoria nacionales les impuso comparecencia restringida con impedimento de salida del país por 36 meses, reportar sus actividades al juzgado, cada 30 días, prohibición de comunicarse con sus coinvestigados, mientras se desarrolle la investigación.
Además, deberán pagar una caución a nombre del Poder Judicial. Gallardo Mendoza de 10 mil soles, Tuesta Ramos de 7 mil soles, Legua Egocheaga de 8 mil soles y Tarillo Galvez de 4 mil soles. La fiscalía apeló.
Juez Leodán Cristobal Ayala
El magistrado estableció que la fiscalía si presentó suficientes elementos para sostener que hay sospecha grave de que el ex comandante general de la Policía Nacional, general (r) PNP Javier Gallardo Mendoza, el mayor en retiro Luis Ángel Tuesta Ramon y el suboficial Jorge Tarrillo Gálvez, ex escolta del expresidente Pedro Castillo habrían integrado una organización criminal para los ascensos en la policía, pero que las pruebas aun son insuficientes para acreditar el delito de cohecho.
Por tanto, si bien hay sospecha fuerte de la comisión del delito, no se cumple el elemento principal para dictar una prisión preventiva: el peligro de fuga o de perturbar las investigaciones.
En este sentido, el juez solo impuso mandato de comparecencia para los cuatro investigados.
El juez Leodán Cristobal Ayala precisó que algunos de los elementos ofrecidos por el colaborador eficaz 03-2022 respecto al excomandante Gallardo Mendoza resultan siendo falsos. Entre estos, que Gallardo haya promovido al suboficial Jorge Tarrillo para integrar la escolta del exmandatario o que haya promovido a cuatro generales recién ascendidos a determinados cargos en la policía.
Sobre las visitas a Palacio de Gobierno, el juez consideró que hasta no saber el contenido de las conversaciones, éstas no demuestran nada, pero las fechas en que se realizaron, un día antes de darse el ascenso en la policía, si establecen una sospecha reveladora.
Cristobal Ayala anotó que de los cargos presentados por la fiscalía contra Gallardo, en base a la declaraciones de los colaboradores y testigos, habría indicios reveladores de solo dos hechos: haber recibido la lista de recomendados para los ascensos y haber recibido dinero para apoyar determinados ascensos.
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Respecto al delito de cohecho, es decir haber recibido dinero para favorecer determinados oficiales para el ascenso, solo hay menciones pero no datos concretos.
Sobre el mayor en retiro Luis Ángel Tuesta Ramon se estableció que hay elementos que lo vinculan con los oficiales ascendidos y que tenía interés en que estos asciendan al rango superior, a lo que se agrega que dos testigos refirieron haber traslado a su casa a un oficial que luego fue ascendido, y que previamente había obtenido un préstamo personal.
Además, resaltó que la intervención de sus comunicaciones permitió establecer infinidad de llamadas con Óscar Monge Marcalupú y Luis Legua Egocheaga, a lo que se agrega el contenido de su agenda personal donde aparecen los nombre de los ascendidos y cifras de dinero al costado.
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Sin embargo, las declaraciones de los colaboradores y testigos no son suficientes para confirmar que recibió dinero, tal vez porque la investigación fiscal aun es incipiente.
Respecto, al suboficial Jorge Tarrillo consideró que hay indicios suficientes de su pertenencia a la organización, a partir de las declaraciones de colaboradores y testigos de haber entregado la lista de ascensos a Bruno Pacheco y haber recibido dinero, pero todavía de manera indiciaria que no alcanza para una sospecha fuerte.
El magistrado criticó que los abogados defensores hicieron alegatos de defensa, antes que desvirtuar los elementos presentados por el Ministerio Público.