Jorge Barata declarará en juicio a Ollanta Humala de manera presencial
Advertencia. Tribunal considera que de no presentarse en Lima estaría incumpliendo sus deberes como colaborador eficaz. Abogados cuestionan legalidad de declaraciones en Brasil.
La cooperación judicial entre el Perú y Brasil se enreda y complica los juicios del Lava Jato peruano. Por eso, ante las dudas de cómo proceder, el Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional dispuso que el colaborador eficaz Jorge Barata, exsuperintendente de Odebrecht (hoy Novonor), declare de manera presencial en el juicio al expresidente Ollanta Humala, el próximo 20 de marzo.
Además, a la espera de que la Unidad de Cooperación Judicial Internacional de la Fiscalía de la Nación explique y dé pautas que permitan tener claro el procedimiento legal para interrogar a testigos en territorio brasileño, los jueces reprogramaron para abril del 2023 la declaración de ocho testigos de esa nacionalidad, exfuncionarios de Odebrecht, que debían declarar del 17 al 25 de enero.
Así, se programó que Marcelo Bahia Odebrecht declare el lunes 24 de abril y Luis Antonio Mameri y Fernando Miglaccio Da Silva, el martes 25 de abril.
Además, Hilberto Mascarenhas Alves Da Silva Filho y Valdemir Pereira Garreta, el miércoles 26 de abril; y Joao Cerqueira De Santana Filho y Mónica Regina Cunha Moura, el jueves 27 de abril.
Por último, Valfredo De Assis Ribeiro, viernes 28 de abril. Ellos declararán vía videoconferencia desde Brasil, a través del aplicativo Google Meet.
El tribunal tomó esa decisión luego de que las autoridades de Brasil notificaran la suspensión de la cooperación judicial con el Perú, al surgir dudas sobre la legalidad y constitucionalidad de la forma en que esta se ha venido desarrollando hasta hoy.
Un primer punto es que la Unidad Central de Cooperación Internacional de Perú es parte de la Fiscalía de la Nación, mientras que en Brasil, su similar depende de la Secretaría Nacional de Justicia del Ministerio de Justicia.
En el caso Lava Jato se desarrolló una cooperación directa entre la Fiscalía peruana y su similar de Brasil, a partir de un convenio de asistencia mutua que suscribieron en diciembre del 2017 el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, y su homólogo, el procurador general de Brasil, Rodrigo Janot.
Todos los colaboradores eficaces y testigos brasileños del caso Lava Jato han venido declarando en coordinación directa con la Fiscalía en la investigación y ahora en el juicio.
Pero la defensa de Ollanta Humala y Nadine Heredia en Brasil ha cuestionado ante la Corte Federal de ese país si este procedimiento directo es legal, en el marco de la Constitución de Brasil.
De acuerdo con los abogados brasileños, la solicitud de cooperación internacional de Perú debió tramitarse ante la justicia brasileña y no directamente ante la Fiscalía de Brasil.
La ministra (jueza federal) de Brasil María Thereza de Assis Moura, del Superior Tribunal Federal de Brasil, admitió a trámite el reclamo, y mientras toma una decisión, suspendió la cooperación judicial.
Los jueces Nayko Coronado, Raúl Caballero y Max Vengoa pidieron, adicionalmente, a la Unidad de Cooperación Internacional, que les explique lo que está pasando, el marco legal de la cooperación y cómo interrogar a testigos de nacionalidad brasileña.