José Luna Morales, virtual regidor de Lima, podría recibir 16 años de prisión como mínimo

El virtual regidor de Lima Metropolitana por Podemos, José Luna Morales, se enfrentaría a una pena mínima de 16 años de prisión si es hallado culpable de los delitos de organización criminal y cohecho activo pasivo en el caso anteriormente denominado como Los Gángsters de la Política, según calculó la Fiscalía.

De acuerdo a la tesis fiscal, a Luna Morales se le acusa de comprar las voluntades a través de beneficios económicos de Guido Águila Grados, Iván Noguera Ramos y Julio Gutiérrez Pebe cuando estos se desempeñaban como consejeros del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). Ello con el objetivo de que se nombre a Adolfo Castillo Meza como jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales y, de esta manera, lograr la presunta inscripción fraudulenta de Podemos Perú.

El requerimiento fiscal de prisión preventiva, que consta de 180 páginas, recoge los presuntos movimientos irregulares a favor de los exconsejeros y declaraciones de colaboradores que dan cuenta de una organización criminal liderada por José Luna Gálvez, congresista y padre de José Luna Morales.

En estos se precisa que fue el virtual regidor metropolitano quien, como gerente general de la Universidad Telesup, ordenó pagos a Águila Grados y Noguera Ramos por compra de derechos de autor, mientras que habría simulado contratar al hijo de Gutiérrez Pebe.

Con esto, el Cuarto Despacho de la Fiscalía Supraprovincial Especializada contra la Criminalidad Organizada del Callao considera que cuenta con “graves y fuertes” elementos de convicción contra José Luna Morales. Otro de los tres presupuestos que se toman en cuenta para dictar prisión preventiva es que la prognosis de la pena supere los cuatro años.

Peligro procesal

En relación al peligro procesal, el Ministerio Público sostiene que el excongresista podría sustraerse de la acción de la justicia debido a que “no se tiene información acerca de la acreditación de arraigo a favor del imputado, se desconoce realmente dónde vive o radica”.

“Ha indicado domicilios con direcciones distintas, conforme se observa de la ficha de Reniec, y en su declaración rendida de fecha 9 de enero de 2019, así como también se desconoce que tenga carga familiar y actividad laboral”, se lee en el requerimiento fiscal.

Se cita un oficio de Migraciones, del 30 de setiembre de este año, en el que se precisa que Luna Morales registra 31 salidas del país desde 2008. “Lo cual acredita su facilidad para salir del país y los recursos que cuenta para viajar al extranjero”, advierten.

“Desprecio” de Luna Morales a la Fiscalía

La Fiscalía también pide que el Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional tome en cuenta la actitud de Luna Morales frente a la investigación fiscal. En específico, consignan los ataques que hizo el exparlamentario, vía televisión y redes sociales, contra la institución o fiscales.

De igual manera, recuerdan que José Luna Morales, cuando ejercía el cargo de congresista, presentó un proyecto de ley para modificar la ley de colaboración eficaz, iniciativa revivida por el actual Parlamento y que fue rechazada el último jueves.

Según la Fiscalía, el exlegislador pretendió “desnaturalizar” el proceso de colaboración eficaz “en clara afectación a la autonomía y reserva del proceso especial” y “en claro favorecimiento a la impunidad y debilitamiento para hacer frente al crimen organizado”.

Obstaculización

Finalmente, en el documento fiscal se deja constancia que José Luna Morales no cumplió con entregar información de contratos con los exconsejeros, pese a que se comprometió a remitirlos, y omitió documentación requerida por la Fiscalía. También se evidencia que se ocultó información durante allanamientos a la Telesup.

“Se advierte que el investigado tiene facilidad para suprimir y ocultar elementos de prueba”, alertan.

Asimismo, se advierte que Luna Morales “tiene contacto con personas con poder de decisión o influencia”, como el exalcalde de La Victoria Elías Cuba, líder de Los Intocables Ediles, y Juan Silva Villegas, prófugo exministro de Transportes y Comunicaciones.

“Se ha podido determinar la concurrencia copulativa de los dos peligros, esto es, el de fuga y el de obstaculización, de tal forma que la privación de su libertad —en vía cautelar— se encuentra justificada a fin de asegurar que dicho investigado no obstaculice la investigación ni eluda la acción de la justicia”, concluye la Fiscalía.