General en retiro Luis Vera Llerena pide ser reincorporado como comandante general de la Policía
Medida cautelar. Abogado del exjefe policial pide al Poder Judicial, mediante una medida cautelar, el retorno inmediato del exjefe de la policía, al considerar ilegal e inconstitucional su remoción del cargo
El general PNP en retiro Luis Vera Llerena presentó una medida cautelar ante el Sexto Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima en la que solicita ser reincorporado en el cargo de Comandante General de la Policía Nacional del que fue separado por el presidente Pedro Castillo, via la resolución suprema del 26 de agosto del 2022.
La solicitud de medida cautelar forma parte de la Acción de Amparo que Vera Llerena presentó ante dicho juzgado hace siete días. Esta es la primera vez que un jefe de la Policía pide su incorporación en dicho cargo. Antes, otros oficiales solicitaron y lograron su incorporación en la institución, al considerar que pasaron al retiro violando sus derechos, pero no en un cargo específico.
“Buscamos sentar un precedente de respeto a los derechos fundamentales de los oficiales de la policía nacional que muchas veces son sometidos a actos arbitrarios por parte del Poder ejecutivo. Un comandante general no puede ser removido por capricho o a su antojo por el presidente de la República”, declaró el abogado José Luis Castillo Alva, representante legal de Vera Llerena.
La demanda plantea que se deje sin efecto la resolución suprema 132-2022, publicada en el diario El Peruano, el 27 de agosto, que lo removió como comandante general y lo pasó a la condición de retiro. Así, con la medida cautelar se busca que esta reincorporación se realice de inmediato, para que el daño ocasionado no se vuelva irreparable.
Vera Llerena sostiene que su pase al retiro fue ilegal e inconstitucional pues se habría realizado en respuesta al apoyo que venía brindando al Equipo Especial de fiscales y policías que investigan la corrupción del poder y, luego del allanamiento, descerraje y registro realizado en Palacio de Gobierno y de la detención de Yenifer Paredes, la cuñada del presidente de la República, Pedro Castillo.
“Luego de expresar mi respaldo al coronel PNP Harvey Colchado Huamani y defender la autonomía del Equipo Especial de la Policía de apoyo a la Fiscalía de la Nación para casos de corrupción, dos días después, con fecha 27 de agosto del 2022, se publicó en el diario oficial El Peruano, la resolución suprema 132-2022-IN, mediante la cual, de manera completamente innovativa, se da por concluida mi designación en el cargo de Comandante General de la PNP y se me pasa a la situación de retiro”, precisa el escrito de medida cautelar.
Además, subraya que el 25 de agosto, el abogado del presidente Pedro Castillo presentó una denuncia ante la Inspectoría de la Policía Nacional contra el coronel Harvey Colchado Huamani. “Ni siquiera se esperó unos días, una semana o un tiempo razonable para removerme del cargo, sino que se hizo y ejecutó mi salida inmediatamente que se presentara la denuncia contra el coronel Harvey Colchado por el presidente”, anota.
La solicitud de medida cautelar añade que durante los tres meses en que se desempeñó como Comandante General de la PNP dirigió diversos operativos destinados a la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada, a nivel nacional, logrando la desarticulación de distintas organizaciones criminales.
Detalle que en su gestión se realizaron operativos contra “Los Pulpos de Tacna”, megaoperativo “Cerro Grande” en Lima y Junin; “Los cajeros municipales” en Paita, Piura; “Los Capos de Huama”, en Trujillo, Arequipa, Cajamarca, Chimbote y Lima; “Los Corruptos de Marcona”, en Marcona, Nazca, Ica y Lima; “Los Hospitalarios”, en Huamanga, Ayacucho; y “Los Académicos del Sur”, en Moquegua, Ilo, Arequipa, Cusco y Lima.
Falta de motivación
La medida cautelar, suscrita por el conocido abogado José Luis Castillo Alva, explica que el pedido de reincorporación cumple los fundamentos jurídicos de protección de derechos constitucionales y evitar que el daño se vuelva irreversible y afecte el orden público.
De acuerdo con el artículo 19 del Nuevo Código Procesal Constitucional, “el juez para conceder la medida cautelar deberá preservar que el pedido sea adecuado o razonable, que tenga apariencia de derecho y que exista certeza razonable de que la demora en su expedición pueda constituir un daño irreparable”.
Al respecto, indica que la resolución que lo pasa al retiro violó el principio de motivación de las decisiones administrativas, legalidad democrática, debido proceso, pues no expresó las razones mínimas que sustentaran la decisiones de removerlo del cargo.
“De esta manera, el demandado, señor José Pedro Castillo Terrones y el Ministro del Interior, Willy Huerta Olivas, al ejercer su potestad discrecional, ha incurrido en una conducta arbitraria e inconstitucional, dado que no existe una debida motivación de su decisión, ni ha expresado una justificación objetiva del pase al retiro”, describe.Por lo cual, se pide que se realice un control de las facultades discrecionales del presidente de la República para remover al jefe de la policía, pues conforme a lo determinado por el Tribunal Constitucional, no están fuera del examen constitucional de la decisión.
