El investigado empresario Gonzalo Monteverde Busalleu ha solicitado que se cambie al juez Jorge Chávez Tamariz, quien dirige las audiencias del caso Odebrecht en su contra.
Monteverde lleva más de tres años prófugo de la justicia en una investigación donde se le imputa haber blanqueado, presuntamente, alrededor de US$24 millones de la constructora brasileña para luego ser repartidas a distintas aportes ilícitos en el Perú.
Acorde con su abogado, Luis Francia Arias, este pedido fue presentado al Sétimo Juzgado de Investigación Preparatoria el pasado 27 de julio.
“Desde el plano objetivo hay resoluciones que el magistrado ha dictado pudiendo aprobarlos como los pedidos de cese de prisión preventiva, con nuevos elementos de convicción que adjuntamos. El estar no habido, para el Juzgado es como ser un ciudadano de segunda categoría. Algo que no es posible bajo un criterio de igualdad”, manifestó en conversación con este diario.
Según Francia, el magistrado Chávez Tamariz ha perdido su imparcialidad al momento de resolver pedidos en el expediente. Otro punto que resalta es que un tribunal superior ordenó en junio de 2021 devolver un inmueble incautado por el Ministerio Público que pertenece a la coinvestigada Marcionila Cardoso. No obstante, Chávez Tamariz ordenó que se ejecute el retorno de este inmueble para mañana 2 de agosto, más de un año después.
Lo que sigue es que el juez Chávez Tamariz envíe un informe a una Sala de Apelaciones para que esta decida si el magistrado continuará en el caso o será reemplazado, como pide la defensa de Monteverde.
El pedido de Gonzalo Monteverde para apartar al juez llega, además, poco después de que el fiscal José Domingo Pérez solicite ampliar la investigación por lavado de activos y organización criminal contra el empresario por 36 meses más.
Según pudo conocer La República, este pedido se ampara en la necesidad de que aún no concluyen las pericias encargadas por la Fiscalía y están pendientes las asistencias judiciales internacionales. Ello sumado a que los principales investigados del caso, los exsocios Gonzalo Monteverde y María Carmona Bernasconi, continúan en la clandestinidad, pues siguen no habidos desde que se les dictó prisión preventiva en marzo del 2019.
Antes de revisarse este pedido para ampliar el caso hasta 2025, primero debe definirse qué juez verá el caso de Monteverde. Una vez superado ello podrá instalarse la audiencia.
El fiscal José Domingo Pérez le imputa específicamente a Monteverde haber integrado una organización criminal entre el 2007 y 2015 recibiendo de la “Caja 2″ de Odebrecht alrededor de US$24 905.592, para luego ser transferido en todo el Perú para diversos fines de coimas y pagos para diversos proyectos.
Además, varias de las empresas de Monteverde recibieron montos ilegales provenientes de Odebrecht, según la Fiscalía, para luego efectuar transferencias por un total de US$2.318.751 a favor de la offshore Panameña Balmer Holding Assets Limited, vinculada también al caso Lava Jato en Brasil.