CIDH insta al Congreso, TC y Gobierno a “respetar principio de legalidad y asegurar equilibrio de poderes”

Exhortación. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó al Gobierno peruano, en especial al Congreso de la República y al Tribunal Constitucional (TC), a que “reglamenten y delimiten” las figuras de acusación constitucional, vacancia presidencial por incapacidad moral permanente, y disolución del Congreso por la negación de la confianza a dos Consejos de Ministros.

Además, exhortó a las tres entidades del Estado a “asegurar la objetividad e imparcialidad, respetando el principio de legalidad y asegurando la separación y el equilibrio de los poderes”. Asimismo, mencionó que “urge a todos los poderes del Estado a que se abstengan de hacer llamados al uso arbitrario de la fuerza o al rompimiento institucional”.

La Comisión reiteró que la democracia “guarda un estrecho vínculo con los derechos humanos”. Así se pronunció tras el pedido del presidente Pedro Castillo a la Organización de Estados Americanos (OEA) para activar la Carta Democrática por supuesto intento de “alterar el orden democrático”.

La CIDH mencionó que tanto la Carta de la OEA como la Carta Democrática Interamericana, así como distintos instrumentos internacionales, “establecen el respeto a los derechos humanos; el acceso al poder y su ejercicio con estricto apego al Estado de derecho”. “La celebración de elecciones periódicas, libres y justas y la separación e independencia de los poderes públicos son elementos esenciales de la democracia para alcanzar la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región”, añadió.

La entidad internacional emitió este pronunciamiento luego de llevar a cabo una visita de trabajo al Perú entre el 10 y el 13 de octubre de 2022 con dos objetivos: monitorear el estado de la institucionalidad democrática y observar las afectaciones a los derechos humanos como consecuencia de los derrames de petróleo.

La delegación de la CIDH estuvo liderada por el vicepresidente y relator para Perú, Stuardo Ralón; la relatora especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, Soledad García Muñoz; e integrantes del equipo técnico de la Secretaría Ejecutiva.

Durante la visita, la delegación sostuvo un total de 24 reuniones en Lima y el Callao con autoridades del Sistema Electoral y de los diversos poderes públicos.

De igual manera, mantuvo encuentros con organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales, y representantes de pueblos indígenas afectados por los derrames de petróleo. Además, realizó una visita en terreno a Ventanilla, Callao, donde pudo escuchar las voces de personas pescadoras y asociaciones pesqueras.

“La Comisión valora la apertura y disposición del Estado peruano para recibirla durante la visita. En especial, expresa su gratitud a las organizaciones de la sociedad civil y a los organismos internacionales que brindaron importante información, así como a las comunidades, sobrevivientes y víctimas que ofrecieron sus testimonios sobre diversas afectaciones a sus derechos”, se lee en el comunicado.

CIDH: acusación constitucional, vacancia, y disolución debilitan al Perú

La CIDH recalcó que la acusación constitucional, la vacancia presidencial y la disolución del Congreso tras negación de confianza son tres figuras constitucionales “que tienen el potencial de debilitar la separación y el equilibrio de poderes, y de paralizar la gobernabilidad del país, debido a su falta de definición objetiva”. “La activación de estas figuras confirma un fuerte y constante enfrentamiento entre los poderes públicos”, expresó el organismo.

Del mismo modo, precisó que esto pudo ser observado en las visitas que realizaron sus representantes, que coincidieron con el allanamiento en la casa de la hermana de Pedro Castillo, el anuncio de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, de abrir una denuncia constitucional contra el mandatario.

Por otro lado, se observó la declaración de la vicepresidenta Dina Boluarte ante la Subcomisión de Acusaciones del Congreso “por un proceso que podría conducir a su destitución e inhabilitación”. También reportó la presentación de la denuncia constitucional por parte la ministra de Cultura, Betssy Chávez, contra Patricia Benavides por infringir, presuntamente, la Constitución en sus artículos 117, 146 y 159.