La Comisión de Ética del Congreso analizará esta tarde el informe final elaborado por el equipo técnico, donde se propone únicamente una amonestación escrita y 30 días multa para el legislador José Arriola Tueros, en uno de los casos conocidos como “mochasueldos”.
“Recomendar de conformidad con el artículo 14 literal c del Código de Ética Parlamentaria, se le imponga la sanción de amonestación escrita pública con multa de 30 días de su remuneración”, se lee en el documento al cual accedió esta redacción.
Este caso surgió a partir de una denuncia difundida por Cuarto Poder, donde se da cuenta de una donación efectuada por un trabajador del despacho de José Arriola, para que este congresista pueda luego entregarlos a la ciudadanía. El acto estaba consignado en una declaración jurada.
Luego se conoció que fueron varios los trabajadores que hicieron este tipo de donaciones de víveres, para que el legislador José Arriola pueda donarlos, atendiendo eventualmente los requerimientos que llegaban a su despacho.
Durante las audiencias en la Comisión de Ética, ninguno de los trabajadores dio cuenta de una posible obligación por parte del congresista Arriola para efectuar las donaciones. Sin embargo, no quedó del todo claro por qué tenían que rellenar declaraciones juradas, sin las donaciones eran supuestamente voluntarias.
Además no queda claro por qué si las donaciones eran de los trabajadores aparecía el congresista José Arriola para efectuar la entrega, sin informar a la ciudadanía la procedencia de las donaciones. Esto es observado por el equipo técnico de la comisión para plantear la amonestación y multa.
“Se ha acreditado que el congresista investigado, al momento de participar de las entregas de donaciones realizadas por sus trabajadores, recibió el agradecimiento público de la población beneficiada, sin transparentar que las donaciones provenían de sus trabajadores”, se lee en el documento.
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“Se ha acreditado que el congresista obtuvo provecho de las donaciones que realizaron sus trabajadores, puesto que, al ser personaje principal de los eventos de donación, mejoró su imagen pública”, concluye. El presente caso también es materia de investigación en el Ministerio Público, según informó una de las trabajadoras en una audiencia del Congreso.
Para justificar el recorte de sueldo a sus trabajadores el parlamentario no tuvo mejor idea que hacerles firmar declaraciones juradas, con la firma y huella del aportante, que detalla un monto económico que se entrega de manera mensual.
"Yo, Carlos Franco Valenzuela Abanto, declaro bajo juramento que en forma voluntaria y libre – sin ningún tipo de coerción— dispondré un aporte económico solidario por el monto de S/1.323.00, para ser utilizado únicamente en apoyo social a favor de personas vulnerables de sectores de pobreza y extrema pobreza", se lee en uno de los documentos.
El congresista también es investigado por su presunta vinculación con el expresidente Pedro Castillo.