Congreso ataca al sistema judicial con inhabilitaciones a fiscales y magistrados

En menos de un año, el Congreso inhabilitó a tres altos funcionarios del sistema de justicia de nuestro país. A eso se suma que hay otras dos denuncias constitucionales que apuntan a lo mismo contra dos fiscales supremos y una nueva acción contra los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

La inhabilitación de la función pública es la máxima sanción de un proceso de juicio político. Se tramita a través de una denuncia constitucional contra un alto funcionario por infracción a la Carta Magna presentada en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso (SAC).

La máxima sanción para que no se pueda ejercer cargo público es por 10 años.

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La primera víctima

En junio del año pasado el Congreso inhabilitó cinco años a la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos. Dicha resolución se debió a dos denuncias constitucionales, una de la congresista Patricia Chirinos, de Avanza País, y otra del procurador Javier Pacheco (hecha suya por la legisladora Gladys Echaíz, de Renovación Popular), por una supuesta demora en actos funcionales ante los presuntos casos de corrupción en el gobierno de Pedro Castillo.

Sin embargo, según las declaraciones del exasesor del Ministerio Público Jaime Villanueva, el Congreso y la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, jugaron en pared para consumar esa sanción.

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Golpe fallido a la JNJ

En diciembre pasado el Pleno pensaba inhabilitar a los magistrados de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). La denuncia fue presentada por el congresista de Renovación Popular (RP) Jorge Montoya porque la junta habría cometido infracciones al permitir que Inés Tello continúe en el cargo pese a haber superado los 75 años. Según la acusación, eso fue inconstitucional.

Acabó la legislatura y el caso se postergó hasta marzo de este año, en que finalmente sancionaron a Tello y Aldo Vásquez, quien fue presidente de la JNJ cuando se resolvió mantener a la jurista. En vista de que el proceso estuvo plagado de presuntas irregularidades,los dos magistrados presentaron una acción de amparo ante el Poder Judicial y la semana pasada la Primera Sala Superior Constitucional de Lima dictó una medida cautelar que los repuso mientras se resuelve el amparo (ver despiece).

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En la SAC está pendiente de darse cuenta otra denuncia constitucional de Montoya contra la JNJ por no presentar ante el Pleno los informes anuales de gestión en 2020, 2021 y 2022. Por esa razón, se pide inhabilitar a todos los magistrados 10 años de la función pública.

Ataque a fiscales

El 15 de marzo los congresistas Patricia Chirinos de Avanza País, Edgar Tello del Bloque Magisterial y Luis Cordero Jon Tay, Luis Aragón e Ilich López de Acción Popular presentaron una denuncia constitucional contra la fiscal suprema Delia Espinoza. Piden inhabilitarla 10 años porque alegan que ella no está facultada para investigarlos.

Espinoza, cabe recordar, dirige una indagación contra 14 congresistas en el caso Jaime Villanueva, exasesor de la suspendida fiscal Benavides. En ese grupo están los parlamentarios que presentaron ese recurso.

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Lo concreto es que una resolución de Fiscalía de la Nación facultó a Espinoza a realizar la indagación.

Este caso avanzó rápido en la SAC. La presidenta de esta comisión, Lady Camones, de Alianza para el Progreso (APP), tiene listo el informe de calificación que la declara improcedente. Será discutido el martes.

El exfiscal anticorrupción Martín Salas, quien renunció al Ministerio Público en la gestión de Benavides, sostiene que sería una irregularidad que los miembros de la Subcomisión exijan que el informe de calificación sea corregido.

El 26 de marzo los mismos congresistas que piden la salida de Espinoza, sumándose a ellos José Jerí de Somos Perú, presentaron una denuncia constitucional contra el fiscal de la Nación, Juan Villena, por haber delegado a esta fiscal suprema la indagación de altos funcionarios en el caso Jaime Villanueva. La demanda es la misma: exigen que el titular del Ministerio Público sea inhabilitación 10 años de la función pública. Así se maneja el juicio político en el Congreso.