Antonio Maldonado: "El Congreso traiciona la voluntad popular y los compromisos internacionales"

El Congreso aprobó esta semana una ley que impone un plazo de ocho meses para concretar un acuerdo de colaboración eficaz. La luz verde a esta norma genera revuelo por el contexto: su debate ingresó en la agenda mientras la fiscal Patricia Benavides afronta una investigación por presúntamente liderar una organización criminal - con su exasesor Jaime Villanueva de operador - que tiene de cómplices a algunos parlamentarios, quienes pretendieron obtener como beneficio el archivo de sus carpetas fiscales.

Para el exprocurador Antonio Maldonado, la aprobación de esta ley deja en evidencia el interés de este Congreso por proteger a la fiscal Benavides y, además, por deteriorar las instituciones democráticas con el objetivo de que sus intereses prevalezcan. El panorama, dentro de estas maniobras, no es alentador, como advierte Maldonado, porque la promulgación de una norma de esta naturaleza va en contra de los tratados internacionales a los que el Estado peruano se encuentra afiliado. Pero a estas alturas - y en eso también coincide Maldonado - la mirada de la comunidad internacional sobre nuestro país, importa poco a las agrupaciones que pretenden capturar el sistema judicial.

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¿Qué sensación le deja que esta ley haya sido aprobada por insistencia en el Congreso?

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Gran suspicacia y desconfianza sobre las intenciones del Congreso. Esta ley tiene graves implicancias para enfrentar la corrupción y las obligaciones internacionales que el Estado peruano asumió en la Convención de Naciones Unidas. Una decisión de este nivel no recoge los argumentos del Poder Judicial, la Procuraduría y otras instituciones de la sociedad civil que se pronunciaron con preocupación.

¿Por qué considera que su aprobación fue a través de mecanismos antidemocráticos? Es una ley aprobada con votos en el Congreso.

Mire, por dos razones: no han hecho eco ni han acogido las diversas observaciones, todas ellas debidamente fundamentadas en contra de esta contrarreforma. Las instituciones expresaron sus puntos de vista y no lo hicieron desde una posición doctrinaria, sino que fueron puntos de vistas basados en años de experiencia en la aplicación de una colaboración eficaz.

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¿Y la segunda razón?

En segundo lugar, la aprobación por insistencia no es la manera de discutir con seriedad un cambio legislativo. Esto significa que el Congreso es el órgano central de aprobación de leyes, pero a su vez es el Congreso el que traiciona la voluntad y representación popular y vulnera compromisos internacionales que adoptó el Estado peruano. Toda arquitectura legislativa debe ser adaptada a las obligaciones internacionale. Esta vulneración del Congreso está llevando al Estado peruano a incumplir sus compromisos y tiene consecuencias negativas.

¿Cómo cuáles?

Generar desconfianza en la seriedad con que el Estado peruano asume sus compromisos internacionales y de desalentar todas las cooperaciones de desarrollo que ofrecen otros estados. La comunidad internacional percibe que está ante un Estado errático, que diceque está comprometido, que observa los pasos para incorporarse a la OCDE.

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¿Por qué es contraproducente esta ley para los casos de corrupción y otros?

La experiencia del Ministerio Público y la Procuraduría en el caso Vladimiro Montesinos demuestra que los plazos no pueden ser cortos. Los plazos son los que están ya señalados en los plazos específicos de cada caso penal. Cuando el Ministerio Público investiga un caso complejo, tiene un plazo, un caso de crimen organizado, tiene un plazo. No estamos ante un vacío, eso es un falacia. Solo que cuando los abogados son entrevistados no tienen la decencia y la honestidad de hacer un disclaimer y no dicen que son abogados de tales líderes políticos, procesados, y se lanzan a oponer como si establecieran parámetros. El tema de los plazos ha salido de ahí. Nadie está diciendo que la colaboración eficaz se extienda en el tiempo, pero se entiende que hay un marco temporal y que las demoras no son atribuibles solo al Ministerio Público. En el caso Lava Jato no es así, las demoras en esos casos son atribuibles a los obstáculos que pone la defensa (de los investigados).

Lea la entrevista completa este lunes 18 de diciembre en la edición impresa de La República