Expertos precisan: denuncia de los tratados es potestad del Ejecutivo

Ayer, la Comisión de Constitución del Congreso invitó a una serie de abogados constitucionalistas y otros relacionados con el mundo de la justicia para recoger sus pareceres sobre la posibilidad de que el Perú denuncie a la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José).

Como se sabe, hay hasta tres proyectos de ley al respecto.

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Y a pesar de que la selección de los especialistas evidenciaba un sesgo evidente —eran en su gran mayoría, si no todos, vinculados con el sector más conservador de la política peruana—, las intervenciones que se escucharon en la sesión apuntaron a un hecho clave: que de acuerdo con la Constitución solamente le corresponde al presidente de la República denunciar este tipo de tratados, con cargo a dar cuenta después al Congreso. Es decir, el Parlamento no podría impulsar por sí solo el retiro del Perú del sistema interamericano.

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Así lo advirtió, por ejemplo, el exintegrante del Tribunal Constitucional (TC) Ernesto Blume. “La Constitución es muy clara. Artículo 53, párrafo tercero: La denuncia de los tratados es potestad del presidente de la República con cargo a dar cuenta al Congreso”, dijo.

Incluso, Blume indicó que el sistema interamericano sí había traído “muchas ventajas” al Perú, como la reposición de los tres exmagistrados del TC destituidos por el Legislativo en los noventa por oponerse a la ley de interpretación auténtica que habilitaba a Alberto Fujimori a buscar una segunda reelección.

Blume también mencionó la restitución de los derechos de Baruch Ivcher y el caso de María Elena Loayza Tamayo, quien había sido acusada injustamente de terrorismo. “Hay que entender que el sistema no está creado para favorecer a los Estados ni para facilitarles su operatividad, sino para defender a los ciudadanos, a los menos conocidos, ese es el sentido”, indicó Blume.

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Por su parte, el excongresista y expremier Ántero Flores-Aráoz criticó al sistema interamericano por adoptar decisiones que, en su opinión, han sido perjudiciales para el Perú.

Sin embargo, señaló que no sería conveniente “retirarnos” del sistema porque los ciudadanos se quedarían sin la protección supranacional frente a abusos que pudieran ser cometidos desde el poder.

En cambio, indicó que lo que podría hacerse es, a través de una moción de orden del día, nombrar una comisión de expertos para que se hagan recomendaciones al sistema interamericano, lo que generaría una corriente de opinión favorable dentro de la Organización de Estados Americanos (OEA).

En tanto, el abogado Enrique Ghersi coincidió con Blume en que la potestad de denunciar tratados le corresponde al presidente. “El Perú debe retirarse de la competencia contenciosa de la Corte. Pero esto requiere una iniciativa de la presidenta. No estoy seguro de que esté muy interesada en esa decisión. Creo que, lamentablemente, el Congreso no puede tomar la iniciativa. La denuncia de un tratado es potestad del Ejecutivo”, explicó. Propuso, en todo caso, que se impulse una modificación constitucional para que el Congreso sea el que pueda denunciar tratados.

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También sugirió que se podría impulsar una interpelación sobre el tema a la canciller Ana Cecilia Gervasi.

Los otros invitados a la Comisión

Uno de los invitados por la Comisión de Constitución fue el expresidente del Poder Judicial José Luis Lecaros, quien se mostró a favor de que el Perú se retire del sistema interamericano alegando que “no necesitamos tutelas extrañas”.

Mientras que el exmagistrado del TC José Luis Sardón sostuvo que lo que se encuentra en juego es “la dignidad del Perú y la libertad de los peruanos”.