Pleno del Congreso decidirá si otorga facultades al Gobierno

Último debate con controversias no resueltas. Luego de que la Comisión de Constitución del Congreso se reuniera el jueves 14 de setiembre pasado para definir sobre el pedido de facultades solicitados por el Gobierno de Dina Boluarte, finalmente se dio a conocer el documento que irá al Pleno.

El pedido es para atender las demandas en seguridad ciudadana, riesgo de desastres, infraestructura social y fortalecimiento de la gestión pública.

Controversias no resueltas

La controversia alrededor a la modificatoria del Código Penal que atentaría contra la libertad de expresión y de prensa no se habría resuelto en el documento final del predictamen.

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De hecho, el texto insiste en la urgencia de que el Ejecutivo pueda sancionar a comunicadores que puedan ser considerados como “instigadores” contra el orden público por convocar a marchas.

“(El pedido de facultades) busca sancionar a los instigadores del delito de disturbio (…) incluso de funcionarios públicos y de comunicadores que utilizando medios de comunicación masivos han convocado a distintas marchas incluso incitando a la violencia”, dice el informe del predictamen.

Sin embargo, solo existe un añadido que la comisión -presidida por la congresista fujimorista Martha Moyano- incluyó. Agregaron de que estas reformas se pueden aplicar, siempre y cuando se respeten los derechos fundamentales.

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“Esta comisión cree urgente una legislación para sancionar al instigador que invoque a la vulneración de derechos de otras personas o la destrucción de bienes públicos (…). Por ello, esta comisión está de acuerdo con la urgencia de la medida”, señala el documento.

De esta manera, según el nuevo texto sustitutorio, se insiste solo en esa modificatoria, incluyendo solo ese añadido, sin cuestionar lo anterior.

“(Se plantea esta) modificatoria, sin afectar las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento, así como el derecho de reunirse pacíficamente sin armas u otros derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política”, precisaron en el nuevo texto.

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Ejecución de presupuesto

Por otra parte, en los temas de infraestructura social, el actual Gobierno ha solicitado una ejecución presupuestal de más de 4 millones de soles para cerrar las brechas en cobertura de los servicios de saneamiento en el ámbito rural. “La solicitud se daría a través del Programa Nacional de Saneamiento Rural (PNSR) para ejecutar proyectos de inversión en los servicios de saneamiento, mediante la modalidad de núcleos ejecutores hasta el 31 de diciembre del 2026, por un monto máximo de cuatro millones quinientos mil soles”.

Asimismo, se ha solicitado la agilización de modificatorias de ley para mitigar los efectos del fenómeno de El Niño en progreso.

Según el último texto, el pedido pretende, entre otras cosas, garantizar la reactivación de obras públicas paralizadas.

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Además, se requiere la aprobación de créditos suplementarios con la finalidad de financiar posibles mayores gastos que se den en el marco de la reactivación económica. Sin embargo, no se ven precisiones sobre cómo se llevarán a cabo muchas de esas modificaciones.

Optimizarían intervención policial

Se propone modificar el Nuevo Código Procesal Penal, aprobado por el decreto legislativo 957, con la finalidad de optimizar el marco legal que regula la investigación del delito y la intervención policial. En materia migratoria, se contemplan modificaciones en materia de expulsión de inmigrantes a través del otorgamiento de mayores atribuciones a la Policía Nacional del Perú.