Alejandro Soto pide a juez que ratifique fallo que archivó caso en su contra por estafa

Para evitar cualquier intento de anulación del fallo que lo favoreció con el archivamiento de una denuncia fiscal por estafa y falsedad genérica, el presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes, solicitó al Poder Judicial que declare consentida la resolución del magistrado cuzqueño Carlos Román Gil.

Como ha informado La República, Alejandro Soto enfrentaba un pedido de la fiscal Etel Marquina Rodríguez, de 8 años y 8 meses de prisión. La autoridad acusó a Soto de haber engañado a la empresa donde trabajaba como asesor legal, Transportes Waynapicchu, para que comprara un terreno a una comunidad campesina por US$265.000. Ocho meses antes, Soto había adquirido dicho predio y pagó US$5.000, en 2012, pero fue recién en 2017 que el nuevo directorio de Transportes Waynapicchu descubrió el engaño de Soto y lo denunció penalmente.

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El juez Carlos Román citó a Alejandro Soto y a sus cómplices para dictar sentencia el 21 de julio. Para esa fecha, Soto logró incorporar en la agenda del Pleno del Congreso el dictamen de un proyecto de ley para que prescribieran y se archivaran casos como el suyo. Luego, Soto votó dos veces a favor de la iniciativa que se convirtió en la Ley N.º 31751. Poco antes de la audiencia, el congresista solicitó al juez Román acogerse a dicha norma en cuya gestación había participado indebidamente.

En efecto, el día de la sentencia, el magistrado Carlos Román aplicó la Ley N.º 31751 y la prescripción libró a Alejandro Soto de una condena de 8 años y 8 meses, según resolución del 24 de julio: 48 horas antes que Soto juramentara como presidente del Congreso.

Pocos días después, el 9 de agosto, el abogado defensor de Alejandro Soto, Walter Pimentel Peralta, solicitó a la Corte del Cusco que ratifique el fallo que le permitió salvarse de una sentencia de 8 años y 8 meses por los delitos de estafa y falsedad genérica.

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Esto es lo que solicitó el letrado: “En el presente proceso que se sigue por la presunta comisión del delito contra el patrimonio, en la modalidad de estafa en agravio de la empresa de Transportes Waynapicchu, de la manera más atenta en debida forma me presento y digo: Señor Magistrado, conforme se tiene de autos, mediante resolución N.º 9, de fecha 24 de julio de 2023, su digno Despacho Jurisdiccional resolvió Fundada la prescripción de la acción penal solicitada por la defensa de los imputados (…) (Por lo que) solicito se sirva declarar consentimiento de dicha resolución”.

Lo que pretende Soto con su solicitud es que el Poder Judicial declare firme la prescripción y el archivamiento de la acusación fiscal por estafa y falsedad genérica para que en adelante no proceda ningún intento de anulación de la resolución judicial.

El pedido de Soto se basa también en que, sospechosamente, el fiscal que estuvo en la audiencia, José Espinoza Espino, no apeló la decisión del juez Carlos Román de declarar prescrito el caso. Soto busca blindarse.